El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, fue internado de emergencia después de que sufriera de un presunto derrame cerebral. Los reportes médicos indican que el ex gobernador de Hidalgo lleva más de una semana hospitalizado por complicaciones médicas que mantienen su estado de salud bajo un pronóstico reservado y calificado como delicado por el personal médico.
Murillo Karam, de 78 años, se encontraba cumpliendo la medida cautelar de prisión domiciliaria en su residencia ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Fue desde este domicilio de donde partió la ambulancia custodiada que lo ingresó al Hospital Ángeles Pedregal, lugar donde actualmente recibe atención especializada para estabilizar su condición neurológica y cardiovascular.
Los problemas de salud de Jesús Murillo Karam
El deterioro en la salud del autor de la denominada “verdad histórica” no es reciente. Desde su detención en agosto de 2022, su equipo legal ha insistido ante diversos jueces federales sobre la fragilidad física del exprocurador. Murillo Karam padece de una combinación de enfermedades crónicas que incluyen Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), insuficiencia vascular cerebral e hipertensión arterial sistémica.
A finales de 2022, el exfuncionario ya había sido sometido a una cirugía carotídea de alto riesgo en el Instituto Nacional de Cardiología, intervención que fue necesaria tras presentar cuadros de presión arterial extremadamente alta. Estos antecedentes médicos fueron fundamentales para que, en abril de 2024, un tribunal colegiado le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando que su avanzada edad y sus padecimientos representaban un riesgo latente para su vida si permanecía en un centro penitenciario como el Reclusorio Norte.
FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM
El proceso legal ante la crisis de salud
A pesar de su actual crisis médica, los procesos penales en contra de Jesús Murillo Karam continúan vigentes. El exprocurador enfrenta acusaciones graves por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia, todos derivados de las irregularidades detectadas en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado formalmente una pena de hasta 82 años de prisión por el primer proceso en su contra. No obstante, la atención de las autoridades se centra hoy en la evolución de su estado clínico en el Hospital Ángeles Pedregal.
Se espera que en las próximas horas se emita un reporte médico más detallado que determine si el exfuncionario deberá permanecer internado por un periodo prolongado o si su condición permite un retorno seguro a su domicilio para continuar con su proceso legal bajo vigilancia.
