El sector del envío por aplicación en la Ciudad de México enfrenta una crisis de seguridad que va más allá de los accidentes viales. La asociación civil Ni un Repartidor Menos ha levantado la voz para advertir sobre una modalidad creciente: el uso de repartidores para el traslado de estupefacientes.
De acuerdo con la organización, diversos usuarios camuflan drogas en paquetes de cosméticos, sobres o bolsas de comida, exponiendo a los trabajadores a peligros físicos y a graves problemas con la justicia.
Un sistema de amenazas y anonimato en las alcaldías
Saúl Gómez, fundador de la agrupación, explica que esta problemática no es nueva, pues tiene cerca de una década operando en la clandestinidad. Sin embargo, el principal obstáculo para frenarla es el miedo. Los repartidores suelen ser blanco de intimidaciones; Gómez relata que, en zonas como la alcaldía Cuauhtémoc, es común que personas desconocidas fotografíen al trabajador, su equipo y su vehículo al momento de la entrega. Esta vigilancia genera un clima de terror que impide las denuncias formales, ante la incertidumbre de qué grupo delictivo podría estar detrás del envío.
La distribución de estas sustancias, principalmente marihuana, dosis de cocaína e incluso jeringas preparadas, se ha detectado con mayor frecuencia en demarcaciones como Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo y puntos específicos de la Gustavo A. Madero. Los destinos suelen ser zonas residenciales de alta plusvalía, destacando colonias como Santa Fe y Lomas de Chapultepec.
El llamado a las autoridades por la protección del gremio
La asociación señala que los mecanismos de control de las plataformas son insuficientes. Actualmente, si un repartidor reporta una sospecha, la empresa solo bloquea la cuenta del usuario, quien puede reactivar otra fácilmente con una identificación distinta. Por ello, ante el riesgo de ser vinculados con el narcotráfico, muchos optan por deshacerse del paquete antes de concluir la entrega.
Ante este panorama, Ni un Repartidor Menos hace un exhorto urgente a las instituciones de seguridad para que reconozcan que el repartidor es un eslabón involuntario y no un cómplice en la cadena delictiva. Entre sus peticiones destaca la implementación de mecanismos de denuncia anónima y un refuerzo de la vigilancia en las zonas de mayor riesgo para garantizar que su labor no termine en una tragedia legal o personal.
