El Gobierno de España desembolsará 20 millones de euros (aproximadamente 24 millones de dólares) en indemnizaciones para los afectados por el accidente de alta velocidad ocurrido el pasado 18 de enero.
Óscar Puente, ministro de Transportes, confirmó este martes que los recursos se destinarán a las familias de las 45 personas fallecidas y a los más de 150 heridos que dejó el siniestro en Adamuz, en las proximidades de Córdoba.
La catástrofe se sitúa como uno de los episodios más graves en la historia ferroviaria reciente de Europa y representa la cifra de mortalidad más alta en el país desde 2013.
Según el esquema de apoyo anunciado:
Los deudos de cada víctima mortal recibirán 216,000 euros en un periodo máximo de tres meses. Dicho monto se integra por 72,000 euros de ayudas gubernamentales exentas de impuestos, un anticipo del seguro por la misma cantidad y otros 72,000 euros provenientes del seguro obligatorio de viaje.
Prioridad en la asistencia económica frente al proceso judicial
El titular de Transportes justificó la celeridad de estas medidas para evitar que las familias enfrenten dificultades financieras durante el desarrollo de las investigaciones.
“Sabemos que los procedimientos ordinarios y los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia vital de quienes han sufrido una tragedia como esta”, señaló Puente durante su comparecencia.
El funcionario enfatizó que la administración busca mitigar el impacto colateral del suceso, bajo la premisa de que “la incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional”.
En el caso de los sobrevivientes, los pagos por lesiones se tabularán en un rango:
Desde los 2,400 hasta los 84,000 euros, dependiendo de la gravedad de las afectaciones físicas reportadas tras el descarrilamiento cerca de Córdoba.
Crisis operativa y presión política sobre el Ministerio de Transportes
El anuncio de las indemnizaciones ocurre en un escenario de intensa presión política y crisis en el sector ferroviario.
Durante la misma semana del siniestro en la provincia de Córdoba, se registraron otros incidentes, como la muerte de un maquinista en Cataluña y fallos técnicos que colapsaron el centro de control de tráfico el pasado lunes.
Las anomalías provocaron que el Partido Popular, principal fuerza de oposición, exigiera la dimisión de Óscar Puente.
A la inestabilidad institucional se sumó la parálisis del servicio de cercanías Rodalies en Cataluña.
Miles de pasajeros quedaron varados luego de que diversos conductores se negaran a operar los trenes por considerar que no existían las garantías de seguridad necesarias.
Con este paquete de ayudas, el Ejecutivo intenta dar respuesta a la conmoción social mientras el sistema ferroviario enfrenta cuestionamientos sobre su mantenimiento y fiabilidad operativa.
