El pleno de la Cámara de los Diputados aprobó en lo General y el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, que forma parte del Paquete Económico 2026 enviado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo por 348 a favor y 130 en contra.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Carol Antonio Altamirano, señaló que las modificaciones que propone el Ejecutivo Federal, tienen el objetivo de combatir prácticas ilícitas, sancionar a las factureras y el uso indebido de sellos digitales.
Esa mejora a la eficiencia recaudatoria, dijo, no solo modernizará los procesos de control y verificación, sino que evitará que los recursos públicos se pierdan para que lleguen a donde deben de estar en los programas e inversiones públicas para beneficio de la población.
Por ello, “puede afirmarse que este conjunto de modificaciones expresa un compromiso con la legalidad, con el combate a los privilegios y a la corrupción”, precisó.
El diputado del PAN Miguel ÁngelSallim Alle sostuvo que estas reformas al Código Fiscal representan un golpe directo a la economía productiva y a la inversión y al empleo de México. “No entienden, compañeras, no entienden, 2 más 2 son 4, no son 10, ojo. Estamos viendo cómo se destruye un Estado que prefiere castigar al que produce antes de perseguir al que roba, por cierto, que se ha convertido en su deporte favorito”.
Y agregó, México necesita más emprendedores, más exportadores, más innovación y lo que este gobierno les ofrece es todo lo contrario, desconfianza, burocracia y castigo preventivo. ¿De verdad esa es la política fiscal de un país que presume estabilidad económica? ¿De verdad creen que se atrae inversión con amenazas administrativas y sanciones automáticas?
“Eso no es modernización, eso no necesita México, esto no es combatir la evasión fiscal, esto es criminalizar la economía digital. Desde el Partido Acción Nacional lo decimos con firmeza, no vamos a acompañar reformas que criminalicen al contribuyente ni que fortalezcan al SAT inquisidor”.
Por su parte el diputado del PRI,Christian Castro Bello, aseguró que la reforma al Código Fiscal representa un retroceso en derechos fiscales, libertades ciudadanas, y seguridad jurídica. El gobierno dice que busca combatir la evasión y el contrabando, pero la letra dice otra cosa. Más vigilancia, más castigos y menos garantías.
“El SAT podrá determinar unilateralmente que una factura es falsa, sin visita domiciliaria y sin derecho de audiencia. ¿Saben lo que significa eso?, que una autoridad podrá juzgar sin escuchar y cuando un Estado decide primero acusar y luego preguntar, deja de ser un Estado de derecho”.
Afirmó que se castiga al pequeño contribuyente, las personas físicas del régimen simplificado de confianza perderán sus sellos digitales si se retrasan tres declaraciones mensuales. ¿De verdad un pequeño comerciante que se atrase tres veces en un año merece que se le bloquee su negocio?, eso no es recaudación, es persecución.
Y peor aún, se establecen penas de prisión a quien declare hechos falsos o datos inexactos. Esto significa que cualquier ciudadano contador que cometa un error podría ser acusado penalmente. Y eso es terrorismo fiscal, porque el miedo sustituye a la cooperación y la desconfianza sustituye al cumplimiento.
Entre los aspectos particulares de la reforma al Código Fiscal de la Federación, se destacó el combate al uso indebido de comprobantes fiscales que no amparen operaciones efectivamente existentes o actos jurídicos reales, por lo cual serán considerados falsos.
Además, la autoridad podrá presentar querellas contra los contribuyentes que emitan comprobantes falsos. El SAT podrá negar la inscripción en el RFC de las personas morales cuando detecte que algunos de sus socios o representantes participen en empresas vinculadas a la facturación falsa.
La autoridad fiscal también podrá verificar que el contribuyente cumpla con la veracidad de los comprobantes fiscales y podrá determinar si en efecto los está emitiendo, para lo cual se establecen visitas domiciliarias con un procedimiento expedito a efecto de detectar y sancionar a los contribuyentes que emitan falsos comprobantes.
De acuerdo a las consideraciones del dictamen se facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales con medidas como el uso de billete de depósito y carta de crédito como garantía del interés fiscal, así como que las personas físicas que tributen el Régimen Simplificado de Confianza ya no tengan la obligación de presentar su declaración anual.
Como parte de los cambios realizados en la Comisión de Hacienda en materia aduanera, se permitirá el pago a plazo de las obligaciones en beneficio de los contribuyentes dispuestos a regularizar su situación fiscal, pero que carecen de liquidez.
También se combate la comercialización ilegal de hidrocarburos con nuevos supuestos de restricción temporal de los certificados de sello digital, como la emisión de comprobantes fiscales sin clave de registro, sin número de permiso otorgado por la Comisión Nacional de Energía, que el permiso no esté vigente o sea distinto al otorgado por dicha entidad.
En cuanto a la obligación de los prestadores de servicios digitales para permitir a las autoridades fiscales acceder a la información de su registro, y derivado de las mesas de trabajo, en el dictamen se limitó únicamente a aquella que permita a la autoridad fiscal comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, evitando abusos al recopilar información, respetando la privacidad y la protección de datos personales.