El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), fue hallado este 20 de octubre de 2025 cerca de la presa del Rosario, en el municipio de Apatzingán, Michoacán, con un disparo de arma de fuego en el rostro y múltiples golpes en el cuerpo, de acuerdo con reportes de autoridades locales.
El asesinato del líder de los productores de limón de la Tierra Caliente michoacana y encargado del Tianguis Limonero ocurrió apenas unas semanas después de que denunciara públicamente la inseguridad, violencia y extorsiones que aquejan al sector, situación que había calificado como una “crisis”.
El pasado 10 de octubre, Bravo Manríquez encabezó una protesta estatal en la que los citricultores suspendieron el corte del fruto en seis municipios de Michoacán —Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla, Parácuaro, Mújica y La Huacana— como medida de presión ante los bajos precios y la falta de apoyo oficial. En ese momento, el dirigente denunció que los compradores pagaban el kilo de limón entre 3 y 4 pesos, cuando el costo mínimo de producción era de 5 pesos, lo que generaba pérdidas generalizadas en el sector.
Bravo Manríquez también había exigido al Gobierno Federal el regreso de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), desaparecida en la administración pasada, pues consideraba que su ausencia había dejado a los productores sin acceso a créditos ni reglas claras de competencia.
“La crisis de inseguridad en los municipios de Apatzingán y Buenavista se ha intensificado como resultado del conflicto armado entre grupos del crimen organizado”, advirtió Bravo Manríquez en una publicación del 27 de septiembre en su cuenta de Facebook, donde señaló que los productores eran víctimas constantes de extorsión y amenazas.
El líder citricultor había pedido la intervención del Gobierno Federal y del Estado para garantizar condiciones de seguridad, pues la presencia militar y policial, aunque constante, no había logrado frenar las extorsiones. “Somos víctimas, no somos copartícipes. Aquí nos tienen de rodillas y nos exigen. El miedo es abrumador”, declaró en una entrevista reciente.
Las autoridades federales y estatales mantenían operativos en la región en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y apenas el 9 de octubre se había detenido a Jhon Mario Guzmán Arias, alias “Llanero”, identificado como presunto responsable del cobro de cuotas a productores limoneros en Apatzingán y Buenavista. El operativo fue coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Gobierno de Michoacán.
El asesinato de Bernardo Bravo ha generado consternación entre los productores agrícolas de la región, quienes señalan que su muerte refleja la vulnerabilidad del sector limonero frente a la violencia del crimen organizado y la falta de protección efectiva por parte de las autoridades.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso ni confirmado si existe alguna línea de investigación relacionada con las denuncias previas de extorsión o con su actividad gremial.