La Cámara de Diputados emitió este martes la declaratoria de constitucionalidad del paquete de reformas administrativas conocido como Plan B, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Tras recibir el voto aprobatorio de 19 congresos locales, el Poder Legislativo federal consolidó el proyecto que busca modificar la estructura de gastos en ayuntamientos, congresos locales y órganos electorales.
Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, informó al Pleno sobre el respaldo de las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. Tras la declaratoria, la diputada instruyó el turno de la minuta al Senado para los efectos legales correspondientes.
¿Qué impacto tiene el Plan B en la administración federal?
La reforma constitucional impacta de manera directa en los artículos 115, 116 y 134. Entre los cambios más significativos, el Plan B establece un límite máximo de 15 regidurías por ayuntamiento, con la obligación de que la asignación de estos cargos cumpla con los principios de paridad de género.
En materia de percepciones salariales, el texto constitucional ahora mandata que los consejeros y magistrados electorales, tanto federales como locales, así como los titulares de secretarías y áreas técnicas del INE, no podrán percibir una remuneración superior a la de la Presidenta de la República. Asimismo, se prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos privados, seguros de vida, pensiones especiales o cajas de ahorro con recursos públicos, salvo aquellas prestaciones previstas de forma estricta en la ley.
¿Cuál es el tope a los recursos en los Congresos locales?
El Plan B también fija restricciones financieras para los Congresos de los estados, cuyos recursos anuales no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto total de la entidad federativa.
Para la Cámara Alta, la reforma proyecta una reducción gradual: a partir de 2027, el presupuesto del Senado deberá ajustarse durante cuatro años hasta alcanzar una baja acumulada del 15 por ciento en términos reales, con base en el ejercicio fiscal de 2026.
Cabe destacar que el proyecto sufrió una modificación en el Senado por iniciativa del Partido del Trabajo (PT), la cual excluyó la propuesta original de adelantar la revocación de mandato para empatarla con los comicios de 2027.
