La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló una red delictiva incrustada en el Ayuntamiento de Tequila, Jalisco, encabezada por el alcalde Diego Rivera Navarro, alias “El Presidente”.
De acuerdo con el expediente de la investigación iniciada en agosto de 2025, el edil fusionó la administración pública con actividades del crimen organizado, tras pactar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) su ascenso al poder en los comicios de 2021.
Según la publicación de El Universal, la indagatoria federal arroja que la llegada de Diego Rivera a la alcaldía no fue producto de la contienda democrática, sino de la coacción violenta.
La FGR lo acusa de orquestar el secuestro de Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, entonces aspirantes de Morena a la presidencia municipal.
Dichos morenistas fueron retenidos en una casa de seguridad, golpeados y obligados a firmar sus renuncias ante el Instituto Electoral de Jalisco en marzo de 2021, según lo publicado por el medio.
Funcionarios públicos como operadores delictivos
La estructura criminal no se limitó a la figura del alcalde. El expediente detalla la participación activa de colaboradores de primer nivel, quienes presuntamente utilizaron sus cargos para extorsionar a artesanos y empresarios del ramo tequilero. Entre los señalados figuran:
- Diego López Ibarra (Tesorero): Identificado como el principal operador financiero, responsable de recaudar y lavar los activos provenientes de ilícitos.
- Juan Manuel Pérez Sosa (Director de Seguridad): Señalado como el brazo armado del grupo y enlace con Severo López Mendoza, alias “El Rey Mago”, operador del CJNG con policías locales.
- Julio César Limón Trigueros (Jefe de Gabinete): Administrador de los ingresos obtenidos por secuestros.
- Juan Gabriel Toribio Villarreal (Catastro y Predial): Operador político vinculado directamente al plagio de los candidatos rivales en 2021.
Extorsión sistemática a la industria del tequila
La investigación documenta que el alcalde y la policía municipal acudían a los negocios del centro histórico para exigir cuotas mensuales de entre 20 mil y 50 mil pesos.
Aquellos comerciantes que rechazaron el pago enfrentaron el secuestro o, en casos extremos, el asesinato.
Para la Fiscalía, la presidencia municipal se convirtió en un centro de operaciones delictivas: “Esta estructura opera desde la presidencia de Tequila Jalisco, fusionando el cargo público que ostentan sus miembros con sus actividades delictivas”, establece el documento oficial.
La red de complicidades alcanzó también a la directora de Recursos Humanos, Osmara Araujo Aceves; al director de Padrón y Licencias, Francisco Javier Rivera Gutiérrez, alias “Faraón”; y a la propia esposa del edil, Raquel Nañes Bugarín.
Tras la liberación de las órdenes de captura, las autoridades federales procedieron con la detención de Rivera Navarro y sus cómplices más cercanos.
RB
