La reciente captura en territorio argentino del contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna representa el cierre de un capítulo de las investigaciones sobre el tráfico ilícito de combustibles en la historia moderna de México. El caso, que escaló hasta involucrar a la cúpula de la Secretaría de Marina (Semar), empresarios y agentes aduanales, expone cómo el llamado “huachicol fiscal” perforó las Fuerzas Armadas.
El contrabando de hidrocarburo no solo drenó miles de millones de pesos al erario público, sino que dejó a su paso una estela de violencia, ejecuciones y una persecución transcontinental que culminó en Buenos Aires.
Lo que inició como una red de intereses locales terminó en un operativo coordinado por Interpol para desarticular a una organización con alcances internacionales.
Origen de la trama: Asesinatos y denuncias internas
Noviembre de 2021: el homicidio de Sergio Carmona Angulo, apodado “El Rey del Huachicol”, encendió las alertas sobre el tráfico de energéticos entre Texas y Tamaulipas.
Aunque de forma oficial las autoridades evitaron confirmar el nexo, las investigaciones sobre redes de colaboración con agencias extranjeras como la DEA precipitaron la apertura de expedientes judiciales contra marinos y operadores financieros.
Junio de 2024: El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar presentó una denuncia formal ante el entonces titular de la Semar, Rafael Ojeda Durán. A través de un audio y una carta manuscrita, el oficial detalló la existencia de una estructura criminal dedicada al huachicol fiscal, presuntamente encabezada por los hermanos Farías Laguna.
El documento mencionaba sobornos, presiones internas y el movimiento estratégico de personal para blindar las operaciones ilícitas en las aduanas marítimas.
Noviembre de 2024: Guerrero Alcántar fue ejecutado en Manzanillo, Colima. El crimen, perpetrado por sicarios en motocicleta con armas calibre 9 mm, guardó una similitud exacta con el asesinato de la funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR), Magaly Janet Nava Ramos, ocurrido semanas antes en la misma región. Estos eventos forzaron a la FGR a vincular los casos y acelerar las pesquisas contra la red interna de la Marina.


El golpe en Tampico: El mayor decomiso de combustible
31 de marzo de 2025: Un despliegue masivo que integró a la Semar, la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, derivó en un aseguramiento histórico en el puerto de Tampico. Las autoridades incautaron 10 millones de litros de diésel de contrabando, el mayor volumen recuperado en la historia reciente del país.
El buque Challenge Procyan, que había arribado días antes con documentación falsa simulando el transporte de aditivos para aceites, fue la pieza central del operativo. Además del hidrocarburo, el cateo en predios de Altamira y zonas aledañas permitió el aseguramiento de 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque, camionetas pick-up y armamento diverso. Este golpe operativo fue determinante para que el Gobierno Federal estableciera los vínculos directos entre el contrabando de combustible y la jerarquía de mando que protegía a personajes como Fernando Farías Laguna.
“Los Primos”: Una estructura de marinos y empresarios
7 de septiembre de 2025: La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando y sobrinos políticos de Rafael Ojeda, quien fue secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador. Junto a él, otras 13 personas —incluyendo ex marinos y marinos en activo, funcionarios aduanales y empresarios como Humberto Enrique López Arellano, Clímaco Aldape Utrera, Miguel Ángel Solano Ruíz, Víctor Hugo Perry Pérez y el ciudadano Francisco Javier Antonio Martínez— fueron vinculadas a proceso.
La investigación reveló que la organización criminal, conocida bajo el mote de “Los Primos”, utilizaba sistemáticamente empresas fachada y documentación apócrifa para introducir combustible al país sin pagar los impuestos correspondientes.
Alejandro Gertz Manero, entonces Fiscal General, vinculó este esquema con otro decomiso previo de 8 millones de litros en Ensenada, Baja California, lo que demostró que la red tenía un alcance nacional.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que los implicados mantenían un nivel de vida y adquisiciones de lujo incongruentes con sus ingresos oficiales, lo que permitió robustecer los cargos por delincuencia organizada y corrupción.

La ruta de escape y el pasaporte guatemalteco
Mientras su hermano enfrentaba la justicia en el penal del Altiplano, Fernando Farías Laguna logró evadir los primeros operativos.

Se sabe que el contralmirante salió de México en agosto de 2024 con destino a Florida, Estados Unidos, sin registrar nunca su retorno legal.
Aunque en septiembre de 2025 obtuvo una suspensión definitiva contra su captura, la medida fue revocada el 2 de octubre, momento en que se liberó formalmente la orden de aprehensión y se activó la ficha roja de Interpol.
Fuga de Fernando Farías Laguna por diversos países de América Latina
1 de abril de 2026: el contralmirante ingresó a Argentina procedente de Colombia. Para cruzar las fronteras, utilizó un pasaporte guatemalteco falsificado a nombre de Luis Lemus Ramos, con el número de documento 4207 74378 0208.
En la fotografía del carnet falso, Fernando Farías Laguna aparecía con una barba abundante y cabello corto oscuro para intentar pasar desapercibido. Sin embargo, el DPI guatemalteco con chip electrónico dorado se convirtió en la prueba técnica que permitió confirmar su verdadera identidad tras un seguimiento de inteligencia internacional.
Detención en Palermo: El final de la evasión
El rastreo final ubicó al mando naval en un lujoso Airbnb del barrio de Palermo, en Buenos Aires, apenas a unos kilómetros de la embajada de México.
23 de abril de 2026: Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), en coordinación con la Dirección General de Cooperación Internacional e INTERPOL, interceptaron a Fernando Farías Laguna en la vía pública, específicamente en el cruce de las calles Guatemala y Juan B. Justo.
La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó que el arresto se realizó con fines de extradición inmediata a México.
En sus declaraciones tras el operativo, la funcionaria argentina fue contundente respecto a la cooperación bilateral para el combate al crimen transnacional: “Argentina no es refugio de criminales. El que las hace, las paga”.
Con esta captura, el contralmirante deberá enfrentar ante los tribunales mexicanos las acusaciones que lo señalan como el cerebro operativo de un esquema que comprometió la seguridad nacional y la integridad de las fuerzas armadas.
