La viralización de un video en el cual se muestran agresiones físicas realizadas por Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en contra de su esposa, María Felicia Jiménez, desató una ola de indignación en diversos sectores del país, lo que puso directamente bajo la lupa el actuar de las autoridades judiciales debido a que el implicado -al momento de los hechos- era un servidor público en funciones.
En entrevista para un medio radiofónico, Raquel Álvarez, abogada, litigante y analista jurídica, desmenuzó las implicaciones legales de este caso acontecido en el municipio de Emiliano Zapata, estado de Morelos, el cual involucra a un personaje de alto perfil político cercano al poder de la actual administración.
De acuerdo con la especialista, lo que se observa en las imágenes es solo la punta del iceberg de un problema más profundo. La víctima ha manifestado que ha sido objeto de agresiones verbales, psicológicas y económicas desde el año 2022, por lo que el cúmulo de violencias son del tipo tipo penal, específicamente violencia familiar, delito que puede alcanzar penas de seis meses a cuatro años de prisión.
La Fiscalía y la validez de las pruebas
Con la carpeta de investigación iniciada en Morelos, el principal desafío para el Ministerio Público consiste en integrar de manera legal los elementos de prueba, dijo la abogada, quien agregó que es urgente que el video sea incorporado mediante una estricta cadena de custodia. No obstante, enfatizó que, al tratarse de delitos que usualmente se cometen en el ámbito privado, las instituciones tienen la obligación de partir de la presunción de buena fe y creerle a la víctima.
De igual forma, señaló que para robustecer la indagatoria, la fiscalía deberá recopilar dictámenes psicológicos, testimonios, antecedentes de manipulación económica y grabaciones de las inmediaciones del domicilio. El objetivo es lograr una clasificación jurídica certera que determine los delitos específicos que se le atribuirán al ex funcionario agresor.
Protección del menor e impacto político del agresor
Un aspecto crucial del caso es la presencia del hijo de la víctima, un menor de cinco años que presenció y atestiguó las agresiones, por lo que debe ser reconocido formalmente como víctima directa, lo que obliga la intervención de la Comisión de Atención a Víctimas y de la Secretaría de las Mujeres para brindar apoyo psicológico y económico, explicó la abogada. En el ámbito familiar, un juez competente tendrá que definir la guardia y custodia a favor de la madre, evaluando si se suspenden las convivencias con el padre bajo el principio del interés superior de la niñez.
Por último, pero no menos importante, la entrevistada manifestó que la cercanía del agresor con el poder político añade una capa de exigencia pública, ya que frente a un gobierno que se autodefine pro-mujeres, “el Estado y sus instituciones de procuración de justicia están obligados a actuar de forma ejemplar”. No sancionar con severidad este comportamiento enviaría un peligroso mensaje de impunidad y normalización de la violencia de género en el país, aseveró.
