La administración estatal de Chihuahua, encabezada por la gobernadora Maru Campos, emitió un pronunciamiento oficial para desmentir las versiones que sugerían la participación de autoridades estadounidenses en una reciente movilización de seguridad. Esta respuesta surge tras los cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia de prensa solicitó información sobre la posible presencia de elementos extranjeros en acciones tácticas dentro de la entidad, un tema que ha generado debate sobre el respeto a la soberanía nacional.
Claridad sobre la ejecución de las fuerzas de seguridad locales
A través de la Secretaría de Gobierno, las autoridades de Chihuahua explicaron de manera detallada que el operativo fue diseñado y ejecutado de principio a fin por corporaciones mexicanas. Se puntualizó que no existió intervención directa de agencias como el FBI o la DEA en el terreno. El gobierno estatal subrayó que sus instituciones de seguridad cuentan con la capacidad técnica y operativa para realizar detenciones de alto impacto sin recurrir a personal foráneo, enfatizando que las decisiones estratégicas recaen exclusivamente en los mandos nacionales encargados de la protección ciudadana.
El gobierno local sostuvo que es fundamental no confundir la cooperación institucional con la operatividad compartida. Si bien reconocieron que existe una comunicación constante con el país vecino para el intercambio de datos de inteligencia criminal, esto no implica que se les otorguen facultades de ejecución a agentes externos. La administración chihuahuense manifestó que cualquier sugerencia de que el operativo fue liderado o asistido físicamente por fuerzas de Estados Unidos carece de sustento en la realidad de los hechos reportados en los informes oficiales.
Respuesta a la Federación y apego a la legalidad
Respecto a la solicitud de transparencia hecha por el Gobierno Federal, Chihuahua manifestó su total disposición para entregar los reportes necesarios que demuestren el cumplimiento de los protocolos legales. La gobernadora ha insistido en que su gestión es respetuosa de la Constitución y de los acuerdos de seguridad vigentes, por lo que las labores de vigilancia en la zona fronteriza se mantienen dentro del marco de la ley. Se reiteró que la prioridad es la pacificación del estado mediante el fortalecimiento de las policías estatales en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Este posicionamiento busca dar por cerrada la controversia generada por reportes que indicaban un supuesto patrullaje conjunto o detenciones realizadas por autoridades del otro lado de la frontera. Con esta aclaración, todavía por comprobar, el gobierno de Chihuahua busca reafirmar su compromiso con la autonomía estatal, asegurando que todas las acciones de justicia y combate a la delincuencia organizada seguirán siendo responsabilidad estricta de las autoridades mexicanas debidamente acreditadas, garantizando así la legalidad en cada uno de los procesos de captura y patrullaje en la región norte del país.
