La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró de forma contundente que su administración no vislumbra ningún tipo de riesgo respecto a lo que pudieran declarar los exsecretarios del estado de Sinaloa ante las autoridades de Estados Unidos. Esto luego de que se confirmara que ambos exfuncionarios federales tomaron la determinación de entregarse por cuenta propia a las agencias de procuración de justicia estadounidenses tras haber sido formalmente acusados por el Departamento de Justicia de aquel país.
Los implicados en este proceso judicial son Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública en la entidad federativa sinaloense, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del mismo estado.
Ambos exservidores públicos eran señalados de manera directa por las autoridades norteamericanas debido a presuntos vínculos con el narcotráfico, situación que derivó en la decisión personal de los acusados de someterse a la jurisdicción del gobierno de los Estados Unidos de América.
Rechaza que Morena sea calificada como organización terrorista
Durante el encuentro con los medios de comunicación, la titular del Ejecutivo federal fue cuestionada de forma directa sobre las implicaciones políticas y de seguridad que este escenario representa.
Al ser interrogada explícitamente sobre qué riesgo percibe el Gobierno de México en torno a lo que estas personas de la administración local pudieran testificar en territorio estadounidense, la mandataria federal insistió de manera reiterada en que no existe ninguna preocupación institucional.
Asimismo, las preguntas de la prensa hicieron eco de las declaraciones recientes de la presidenta en la ciudad de Mérida, donde manifestó textualmente que nada ni nadie va a detener la transformación porque en el país no mandan intereses extranjeros.
Bajo ese marco de la relación bilateral con el gobierno de los Estados Unidos, se le insistió sobre la posibilidad de que el partido oficialista Morena sea señalado como una organización terrorista por los supuestos vínculos de militantes con cárteles de la droga. La presidenta rechazó categóricamente dicho escenario afirmando que no ve riesgo alguno.
El origen de las tensiones y el contexto de las acusaciones
El trasfondo de este acontecimiento se vincula con las investigaciones de las agencias de seguridad estadounidenses sobre las redes operativas del crimen organizado en el estado de Sinaloa, las cuales han alcanzado a estructuras de la administración pública local en periodos recientes. La entrega voluntaria de Mérida Sánchez y Díaz Vega marca un punto crítico en las dinámicas de cooperación y tensiones judiciales que ocurren de manera paralela entre las dos naciones fronterizas.
Ante la insistencia de los reporteros por conocer si la información que aporten los exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa a los fiscales estadounidenses podría vulnerar la estabilidad de los proyectos políticos vigentes en México, Sheinbaum Pardo recalcó que la acción obedeció estrictamente a una postura individual de los señalados.
Con estas precisiones oficiales, el Gobierno de México mantiene su postura de desmarcarse de las consecuencias de estos juicios particulares, asegurando la continuidad de sus políticas nacionales sin interferencias externas.
