La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinó, en su asamblea nacional, que llevará a cabo un paro nacional de 72 horas en el primer trimestre de 2026, como parte de un plan de movilizaciones que busca presionar al gobierno federal para atender sus principales demandas: la abrogación de la Ley del Issste de 2007 y de la reforma educativa.
Durante una conferencia en la Ciudad de México, integrantes de distintas secciones sindicales señalaron que mantendrán presencia en los actos públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de visibilizar su agenda laboral y jubilatoria.
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Los secretarios sindicales afirmaron que, hasta ahora, no se ha restablecido el diálogo. Según dijeron, las respuestas del gobierno se limitaron a “vallas, policías y gas lacrimógeno”.
“Persecución mediática”, señala dirigencia de la sección 22
La secretaria general de la sección 22, Yenny Pérez, sostuvo que existe presión mediática hacia el movimiento magisterial. Afirmó que se pretende instalar la idea de que el gobierno escucha plenamente al magisterio o que las movilizaciones son minoritarias.
“Si bien no hay una persecución hacía nosotros como dirigencia, la persecución desde Palacio es mediática… al decir que somos pocos y que somos una minoría cuando en realidad somos muchos que seguimos en esta lucha constante”, señaló.
Explicó que uno de los objetivos inmediatos es difundir entre los trabajadores al servicio del Estado las implicaciones que, a su juicio, tiene la Ley del Issste de 2007, con miras a sumar a más sectores al paro del próximo año. La fecha definitiva de la acción nacional se definirá después de la Asamblea Nacional Representativa programada para el 31 de enero en Mérida, adelantó.
“Esperamos poder llegar con este brigadeo nacional no sólo al magisterio de la CNTE… sino a los demás sectores”, indicó.
Pérez recordó que las protestas de mayo y junio movilizaron a miles de docentes, y subrayó que la apuesta es ampliar la participación para 2026.
CNTE acusa represión administrativa y falta de acuerdos
Por su parte, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9, dijo que la organización enfrenta “represión administrativa”, pues persiste el descuento aplicado a docentes que participaron en el paro nacional de mayo-junio.
“Más de 20 mil maestros con descuentos… implica más de 65 millones de pesos… y sólo ha habido devoluciones parciales”, expuso.
Añadió que la CNTE cuenta con un documento entregado el 18 de marzo, en el que la presidenta habría manifestado que “no habría ningún tipo de represión”, y sostuvo que ese acuerdo no se ha cumplido.
Hernández informó que la CNTE presentó un emplazamiento para sostener un debate público con la presidenta, al considerar que no existe negociación ni avances en las demandas centrales del magisterio.
RB
