Este lunes, académicos, abogados y especialistas participaron en la mesa “suspensión y otros temas» con lo que las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público concluyeron las audiencias públicas para el análisis del proyecto de dictamen a la minuta que reforma y adiciona disposiciones a la Ley de Amparo.
El presidente de la Comisión de Justicia, diputado de Morena Julio César Moreno Rivera, afirmó que la mesa de hoy trató un tema medular del sistema jurídico mexicano como es la suspensión del acto reclamado en la Ley de Amparo.
Mencionó que conforme al artículo 107 constitucional, fracción X, los casos reclamados objeto de suspensión son materia de la Ley de Amparo, y el texto constitucional añade además que el otorgamiento de una suspensión requiere del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
La reforma presidencial –recordó– propone modificaciones a los artículos 128, 129,135, 137, 138, 146, 148, 166 y168 de la Ley de Amparo, con el objeto de establecer un marco normativo más detallado que facilite el trabajo de las personas juzgadoras; en particular, establece que no procederá la suspensión en casos que involucren actividades con recursos de procedencia ilícita o afecten al sistema financiero.
Destacó que estas audiencias públicas sobre el proyecto de dictamen respecto de la minuta de reformas y adiciones a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 100 y 100 de la Constitución Política, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, han sido todo un éxito, por lo que se espera mejorar sus alcances.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano (Morena), agradeció a las personas que participaron en los tres días de audiencias públicas para discutir la minuta que tiene temas interesantes.
Desde hace días el Grupo Parlamentario del PRI anunció que no participaría en estos foros abiertos a los que calificaron como una «farsa» y «marranada legislativa».
Del PAN, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo llamó a profundizar en el análisis de la iniciativa de la Ley de Amparo y no verla con prisa. “Todos tenemos el deber de fortalecer el juicio de amparo porque es la manera en que se fortalece al ciudadano”. Externó su preocupación por la figura de la recusación, si la suspensión del acto reclamado terminaría en una denegación del acceso a la justicia y cómo opera la prisión preventiva oficiosa y la justificada, y los efectos económicos.
El diputado Federico Döring Casar (PAN) resaltó la necesidad de analizar cómo convivirá el interés público con “el resorte electoral de los nuevos juzgadores, en el entendido que muchos llegaron con votos de intereses políticos, económicos y sociales en el entorno inmediato de su elección”.
María Luisa Mendoza Mondragón, diputada del PVEM, agradeció la participación de las y los 45 ponentes que aportaron conocimientos en estos tres días de audiencias públicas, pues toda ley es perfectible. Indicó que nunca va prevalecer más el interés público cuando se dañe un interés social, y llamó en esta democracia a seguir colaborando para construir un marco jurídico robustecido.
Ileana Moreno Ramírez, magistrada adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señaló que si bien la propuesta de reforma contiene diagnósticos de preocupaciones relevantes, lo que debe cuestionarse son las soluciones que se plantean y si son las más idóneas para atender las problemáticas que se están detectando. Afirmó que la suspensión es un elemento crucial para que el juicio de amparo, que es un verdadero juicio de derechos humanos, pueda hacerse efectivo.
Finalmente, el primer presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CNMASC), Sergio Valls Esponda, destacó que la Ley de Amparo es ante todo una norma procesal, lo que es una garantía de seguridad y de libertad para el ciudadano; “no es un manual para las y los juzgadores. Se trata de una norma procesal de poner límites al juzgador”.
Dio la bienvenida a reformas a la ley y al positivismo que diga en dónde están los márgenes, porque la Ley de Amparo se ha vuelto un catálogo de conceptos jurídicos indeterminados. Llamó a las y los legisladores a aprovechar la oportunidad de incorporar en la Ley la figura del mecanismo alternativo de solución de controversias como lo mandata la Constitución. “Se necesita dar a las familias una justicia accesible y que entiendan”.