Un jurado de Nueva York determinó que la empresa Ticketmaster y su matriz, Live Nation, operaron de forma ilegal para monopolizar los mercados de eventos en directo en Estados Unidos.
Tras un proceso legal donde se examinaron las tácticas comerciales de la compañía con artistas y recintos, el veredicto establece que las prácticas de la firma limitaron la competencia y afectaron el sector del entretenimiento.
La resolución judicial generó una reacción inmediata en los mercados financieros. Al cierre de la jornada, las acciones de Live Nation registraron un descenso del 6.3 por ciento.
En contraste, competidores directos como Vivid Seats y StubHub reportaron incrementos en sus papeles del 9.3 y 3.5 por ciento, respectivamente.
¿Habrá indemnizaciones?
La demanda contó con la participación activa de 32 estados y el Distrito de Columbia. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien formó parte de la coalición junto con Nueva York, comunicó que mantendrá la ruta legal para obtener una indemnización por los daños causados.
Asimismo, el funcionario busca la desintegración de los monopolios que mantiene la empresa tanto en la comercialización de entradas como en otros rubros del espectáculo.
Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, celebró el fallo y lo calificó como un avance significativo en favor de los usuarios.
“Esta es una victoria histórica para proteger a los neoyorquinos de los monopolios perjudiciales”, afirmó James a través de la red social X.
¿Cuál es el futuro operativo de Live Nation tras el veredicto?
A pesar de que el mes pasado la empresa aceptó ciertas medidas en un acuerdo previo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el descontento de legisladores y consumidores persiste.
Las críticas principales hacia Ticketmaster se concentran en las elevadas comisiones por servicio y sus políticas de reventa. El veredicto actual pone el foco en cómo este control del mercado eleva los costos finales para el público.
Tras esta resolución, el proceso legal entrará en una nueva fase para definir las consecuencias económicas y operativas. Corresponderá a un juez determinar las sanciones o las medidas correctivas aplicables. Hasta el momento, un portavoz de la compañía no emitió comentarios
