La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un conjunto de anteproyectos de resolución correspondientes a 129 Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS), acumulados entre 2021 y 2025, los cuales serán sometidos a votación en la próxima sesión del Consejo General.
Entre los principales hallazgos, se identificaron 119 casos relacionados con afiliaciones indebidas que involucran a 897 personas. De ellas, 24 se desistieron, por lo que se propone el sobreseimiento; en 561 casos no se acreditó la infracción, al presentarse documentos válidos de consentimiento. Para 310 personas se propone tener por acreditada la infracción por uso indebido de datos personales y vulneración al derecho de libre afiliación, por lo que se plantean sanciones económicas a los partidos políticos involucrados.
Cinco personas fueron escindidas por corresponder a otros proyectos. También se abordaron casos de registro indebido de representantes de casilla del Partido del Trabajo (PT), proponiendo sobreseimiento en uno por desistimiento y sanción económica en otro por falta de acreditación de voluntad ciudadana.
Asimismo, se acreditó la infracción del partido Movimiento Ciudadano por omitir información sobre el género de las candidaturas para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las gubernaturas de Jalisco, Yucatán, Tabasco y Veracruz, por lo que se propone imponer una amonestación pública.
El presidente de la Comisión, Arturo Castillo Loza, señaló que, de aprobarse los anteproyectos, las sanciones representarían un monto acumulado de 34.3 millones de pesos, destacando el esfuerzo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) para reducir el rezago.
Finalmente, por unanimidad, los integrantes del colegiado reservaron ocho casos para votación diferenciada, al considerar actualizada la caducidad de la potestad sancionadora del INE conforme a la jurisprudencia 9/2018 del TEPJF. Se dará vista a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para iniciar el procedimiento correspondiente y, en su caso, al Órgano Interno de Control (OIC) para determinar lo que a derecho convenga ante posibles dilaciones.