El sistema judicial de Estados Unidos asestó un golpe financiero a la estructura de presuntos prestanombres de Genaro García Luna. Este martes, el juez Thomas Rebull, de la Corte del Undécimo Circuito de Miami-Dade, condenó a la familia Weinberg a pagar 578.5 millones de dólares al Estado Mexicano.
La sentencia incluye también el traspaso inmediato de un inmueble de lujo en Aventura, Florida, valuado en un millón de dólares.
La resolución obliga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a los socios del exsecretario de Seguridad Pública a cumplir el acuerdo confidencial pactado en febrero de 2025.
Aunque la UIF intentó reabrir el proceso para llevar el caso a un juicio con jurado —bajo el argumento de que el convenio no se había concretado—, el juez Rebull rechazó la petición y ordenó la ejecución de los términos establecidos previamente.
Inmuebles y criterios de oportunidad: las claves del acuerdo
La demanda civil, iniciada en 2021, buscaba originalmente el rescate de 750 millones de dólares producto de contratos gubernamentales asignados a empresas ligadas a Genaro García Luna.
Según las investigaciones de la UIF, una parte de esos recursos sirvió para la adquisición de al menos 28 propiedades en Florida. Para mediados de 2025, 18 de estos inmuebles ya habían sido liquidados, lo que generó una bolsa de 28 millones de dólares que deberán ser entregados a la administración mexicana.
Un componente esencial para destrabar el conflicto fue la concesión de beneficios procesales en México. Los demandados, Mauricio y Jonathan Weinberg, indicaron que ya recibieron el criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Bajo esta figura, los empresarios actuarán como testigos colaboradores y obtendrán la cancelación de cargos penales en su contra en territorio nacional, a cambio de la reparación del daño al erario.
El monto real frente a la expectativa de recuperación
A pesar de la cifra de 574.5 millones de dólares fijada en la condena —que suma un interés anual del 8.25 por ciento—, el ingreso real para las arcas públicas mexicanas podría ser significativamente menor.
Dicha suma corresponde a la pérdida calculada por la “conversión” del dinero en activos inmobiliarios, pero deja fuera la sanción triplicada que sí se aplicó en sentencias previas contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Pereyra, quienes no presentaron defensa en el litigio civil.
La Secretaría de Hacienda informó que los sentenciados tienen la obligación de entregar los activos identificados en diversas jurisdicciones para su liquidación.
El proceso, que inició bajo la supervisión de la jueza Lisa Walsh en 2021, llega a esta etapa final tras la recusación de la magistrada el pasado mes de enero. Ahora, el Gobierno de México deberá coordinar la recepción de fondos y la adjudicación de las propiedades restantes como parte de la liquidación parcial de la deuda determinada por la autoridad judicial de Florida.
