La Corte Penal Internacional (CPI) reprobó las decisiones tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump tras haber sancionado a la presidenta del organismo Tomoko Akane y a uno de los abogados principales de la CPI Abdoulaye Seye.
En un comunicado difundido este miércoles, el tribunal con sede en La Haya advirtió que las medidas de Washington amenazan la independencia de una institución internacional encargada de investigar y juzgar los crímenes más graves, entre ellos genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
La CPI aseguró que, pese a las presiones, continuará con su labor y defenderá su mandato judicial. De acuerdo con la información difundida por AP, las sanciones forman parte de la creciente confrontación entre el gobierno del presidente Donald Trump y el tribunal internacional.
¿Cuáles fueron las sanciones que Estados Unidos puso a la CPI?
Las sanciones impuestas por el Departamento de Estado estadounidense, encabezado por Marco Rubio, implican el congelamiento de cualquier activo que los funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, además de restricciones para acceder al sistema financiero de Estados Unidos.
Rubio justificó las sanciones al acusar a la CPI de exceder sus competencias al investigar o intentar procesar a funcionarios de países que no han aceptado su jurisdicción, como es el caso de Israel.
Estados Unidos tampoco es miembro de la CPI ni ha ratificado el Estatuto de Roma, tratado que estableció el tribunal en 2002 y que contempla su jurisdicción. Washington sostiene que la corte no tiene autoridad para actuar contra ciudadanos estadounidenses y rechaza particularmente las investigaciones relacionadas tanto con Estados Unidos e Israel.
¿Por qué Trump sanciona a funcionarios de la CPI?
Uno de los principales puntos de conflicto son las investigaciones de la CPI sobre delitos cometidos en Palestina y Afganistan. En noviembre de 2024, emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Tanto Israel como Estados Unidos rechazaron la jurisdicción de la corte en este caso.
En 2025, Estados Unidos sancionó a 11 funcionarios del tribunal, entre ellos ocho jueces y tres fiscales por esta razón. Además, tres juezas sancionadas presentaron en junio de 2026 una demanda contra Trump y funcionarios de su gobierno para impugnar las medidas.
La ofensiva también ha incluido llamados de Washington para que los países miembros reconsideren su participación en el tribunal. Hace unos meses, Rubio planteó públicamente la necesidad estadounidense de desmantelar la CPI, presuntamente por estar politizado y de amenazar la soberanía de dicho país.
La CPI advierte sobre consecuencias
La CPI sostuvo que las sanciones estadounidenses no solamente afectan a funcionarios específicos, sino que representan una amenaza para la independencia del tribunal y para el sistema internacional de justicia.
De acuerdo con el organismo, con las nuevas medidas nueve de sus 18 jueces, además de fiscales y otros integrantes de su personal, han sido objeto de bloqueos por parte del gobierno de Trump. La CPI afirmó que continuará trabajando pese a las presiones y defendiendo su mandato para investigar los crímenes internacionales más graves.
Japón, país de origen de Akane, la presidenta del organismo, calificó las sanciones como “muy desafortunadas”, mientras Alemania y Países Bajos reiteraron su respaldo a la CPI. El gobierno neerlandés, además, ha defendido la independencia del tribunal, cuya sede se encuentra en La Haya.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, también expresó su preocupación por las sanciones y destacó la importancia de la CPI dentro del sistema internacional de justicia penal.
