Las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirman una problemática sensible para la movilidad y la economía de la Ciudad de México, ya que durante el año 2026, las marchas, plantones y concentraciones en la capital han aumentado un 25% en comparación con gobiernos anteriores.
Más allá de tratarse de megamarchas o demandas de corte nacional, el fenómeno actual responde a protestas focalizadas de menor convocatoria impulsadas por sectores laborales, colectivos de búsqueda de justicia, demandas de vivienda o conflictos vecinales que, al cerrar vialidades neurálgicas, colapsan la dinámica social.
El problema no radica en la legitimidad de los reclamos sociales o laborales, como los impulsados recientemente por trabajadores del sector salud. La complicación central estriba en la aparente incapacidad institucional para contener la disrupción vial mediante mecanismos tempranos de concertación y atención oportuna antes de que escalen a bloqueos totales.
Uso de la fuerza pública y el desorden urbano
Frente al descontento ciudadano generado por las afectaciones cotidianas, suele surgir una postura polarizada que simplifica el debate: actuar con represión policial o resignarse al desorden permanente. Sin embargo, la gestión pública eficiente demanda solución mediante el diálogo, la intermediación política efectiva y el encauzamiento de las demandas comunitarias antes de su radicalización en la vía pública, situación que sí lograron contener los gobiernos previos encabezados por Marcelo Ebrard Casaubon (2006–2012), Miguel Angel Mancera (2012-2018) y Claudia Sheinbaum Pardo (2018–2023).
Las experiencias administrativas pasadas demostraron que es factible contener la parálisis vial sin recurrir al uso de la fuerza, enfocando los esfuerzos en el monitoreo preventivo y la negociación directa con las partes involucradas. En lo que va del gobierno de Clara Brugada Molina, minúsculas concentraciones de personas estrangulan y desquician el tránsito y las actividades de áreas estratégicas, afectando a miles de habitantes que no forman parte del conflicto.
| JEFATURA DE GOBIERNO | PERIODO | TOTAL MOVILIZACIONES | PROMEDIO DIARIO |
| Marcelo Ebrard Casaubon | 2006–2012 | Entre 15 mil a 18 mil en toda la gestión / 2 mil 500 por año. | 7 por día |
| Miguel Angel Mancera | 2012-2018 | Entre 35 mil y 40 mil en toda la gestión / 6 mil a 7 mil por año. | 18 por día |
| Claudia Sheinbaum Pardo | 2018–2023 | 30 mil en toda la gestión / 6 mil al año. | 16 por día |
| Clara Brugada Molina | Octubre 2024 a la fecha | Hasta el momento casi 16 mil | 22 a 23 por día |
Costo socioeconómico y la gestión pública actual
Cabe destacar que la SSC hace una diferencia formal entre marcha (con desplazamiento vial), bloqueo/cierre vial (interrupción de tránsito sin recorrido), plantón (permanencia de larga duración) y concentración (reunión en un punto fijo).
El incremento constante de las interrupciones viales genera secuelas que rebasan la molestia del tráfico vehicular, entre cuyos impactos colaterales destacan:
- Pérdida de productividad económica.
- Incremento en emisiones contaminantes.
- Retrasos sustanciales en el transporte público.
- Afectación directa al comercio local formal.
- Alteración general de las jornadas laborales de la población.
Asimismo, fenómenos emergentes como el desbordamiento del comercio informal en espacios restringidos y los altercados violentos contra los cuerpos de seguridad reflejan un paulatino debilitamiento de la autoridad en la vía pública.
Ante tal escenario, la actual administración enfrenta el reto urgente de articular estrategias de concertación eficientes que garanticen el respeto a la libre manifestación, asegurando al mismo tiempo la movilidad y la estabilidad cotidiana en la Ciudad de México.
