Las devastadoras consecuencias del doblete sísmico ocurrido en Venezuela han dado paso a una compleja fase de evaluación de daños. El país se enfrenta al desafío financiero y logístico más severo de su historia reciente: la reconstrucción de la infraestructura colapsada, un proceso cuyo costo económico se proyecta en miles de millones de dólares.
El impacto es visible en múltiples regiones del país -incluso desde el espacio con imágenes satelitales-, con especial gravedad en La Guaira, Caracas, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua. Las imágenes de edificaciones derribadas y vías de comunicación fracturadas evidencian la magnitud de un fenómeno que ha trastocado por completo el panorama urbano y habitacional, dejando a su paso una estela de necesidades urgentes que rebasan las capacidades presupuestarias del Estado venezolano.
Una herramienta experimental de análisis de datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), calculó casi 59 mil edificaciones con daños estructurales graves, lo que da una idea del tamaño de la problemática.
Cálculo de los daños según organismos internacionales
De acuerdo con estimaciones preliminares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), basadas en análisis de datos satelitales, los daños físicos directos sobre las estructuras habitacionales y comerciales se ubican en torno a los 6 mil 700 millones de dólares promedio, con un rango de variabilidad que podría oscilar entre los 4 mil 700 y los 8 mil 700 millones de dólares, dependiendo de la evolución de las evaluaciones en campo.
Esta cifra preliminar representa aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país sudamericano. No obstante, las Naciones Unidas advierten que el balance inicial no contempla la totalidad de las afectaciones a los servicios públicos esenciales ni los costos derivados de la paralización de la actividad productiva local, factores que suelen multiplicar el impacto final de este tipo de desastres naturales.
Proyecciones económicas del sector consultor
Por su parte, analistas y firmas económicas locales sostienen que el costo real para devolver la normalidad a las zonas afectadas superará de forma considerable las primeras aproximaciones institucionales. Diversos especialistas señalan que sectores críticos como la vivienda, el transporte, la logística y el comercio requerirán una inyección financiera inmediata para reactivar las cadenas de suministro.
El economista venzolano Asdrúbal Oliveros, estimó que la reconstrucción integral del tejido afectado se situará en un rango de entre los 12 y 15 mil millones de dólares, es decir, el doble de las estimaciones realizadas por la PNUD. Por su parte, la firma de consultoría Ecoanalítica proyecta un escenario aún más retador, elevando la cifra estimada hasta los 20 mil millones de dólares, debido al encarecimiento de los materiales de construcción y las dificultades logísticas actuales.
Desafío del financiamiento internacional y búsqueda de recursos
La principal incógnita que enfrentan las autoridades y la sociedad venezolana es la proveniencia de los recursos para costear estas proyecciones, porque aunque diversos países y organismos multilaterales han anunciado el envío de fondos de ayuda humanitaria y cooperación técnica, los montos comprometidos hasta el momento se encuentran muy por debajo del capital requerido.
La brecha entre el auxilio internacional disponible y las necesidades reales plantea una ruta de reconstrucción prolongada y de alta complejidad para la economía nacional.
Cabe mencionar que recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) restableció relaciones con el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, para desbloquear rápidamente los activos financieros del país, bloqueados -desde 2019- debido a la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, y acceder a ellos vía Derechos Especiales de Giro (DEG) -con monedas de uso libre de otros países como euros o dólares- que podrían llegar hasta los 4 mil 500 millones de dólares.
De igual forma, la mandataria solicitó al rey Carlos III, la liberación de las reservas internacionales de lingotes de oro de su país retenidos en el Banco de Inglaterra, que serían destinados para atender a los afectados del terremoto, valorados en 1 mil 900 millones de dólares que no fueron cedidos al entonces gobierno de Nicolás Maduro, por considerarlo ilegítimo.
