La conformación de los equipos de trabajo dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha vuelto a ponerse en el ojo público. De acuerdo con información presupuestal y de transparencia actualizada, las ponencias de las y los ministros cuentan con estructuras robustas de colaboradores que auxilian en la elaboración de proyectos y dictámenes.
En este escenario, la ministra Lenia Batres Guadarrama se posiciona a la cabeza con la plantilla más grande del Máximo Tribunal, al registrar un total de 95 personas bajo su cargo, lo que ha generado cuestionamientos sobre su efectividad, ya que a pesar de ello, constantemente es señalada por sus pífias, confusiones y polémicas documentadas durante sus sesiones en el Pleno.
La discusión en torno al tamaño de estos equipos, técnicamente integrados por secretarios de estudio y cuenta, dictaminadores y auxiliares, cobra relevancia en medio de las persistentes demandas ciudadanas y políticas de austeridad. El contraste entre las oficinas de los juristas evidencia visiones distintas sobre las necesidades operativas para desahogar la carga de trabajo de la Corte.
Debate sobre los gastos del presupuesto
En el extremo opuesto de la estructura de personal se encuentra el actual ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Al asumir su cargo al frente del tribunal, su oficina reportó inicialmente un listado superior a 100 personas, pero ante los cuestionamientos públicos, se aclaró que dicha cifra correspondía a la transición de la gestión anterior, encabezada por Norma Piña, y no a nuevas contrataciones de su equipo directo. Tras un compromiso de optimización de recursos, Aguilar Ortiz recortó la plantilla a 45 integrantes, convirtiéndose en la ponencia con menos personal del pleno.
Por su parte, defensores del actual modelo de trabajo argumentan que la gran mayoría de estos trabajadores son personal de carrera judicial especializado. El propio ministro Rodríguez Guerrero aclaró en redes sociales que entre el 85% y el 90% del personal operativo y de análisis “se mantiene de administraciones previas” debido a la alta especialización requerida para revisar los expedientes y dictaminar las sentencias constitucionales.
Alta burocracia judicial bajo la lupa de la austeridad
Los ingresos percibidos por los integrantes de estas ponencias varían sustancialmente según el nivel de responsabilidad institucional. Los sueldos de la nómina del Máximo Tribunal oscilan entre los 23 mil 500 pesos mensuales netos para perfiles de carácter técnico y operativo, hasta los 118 mil pesos mensuales destinados a coordinadores o asesores de rango senior.
Este panorama financiero y de contrataciones mantiene encendido el debate político, especialmente al contrastar con las directrices de austeridad que han impulsado diversos sectores del Ejecutivo Federal, quienes han calificado históricamente las estructuras del Poder Judicial como un gasto excesivo para el erario público.
Listado de asesores por ministro:
- Lenia Batres Guadarrama – 95
- Arístides Rodríguez Guerrero (Ministro Chicharrón) – 91
- Yasmín Esquivel Mossa – 83
- María Estela Ríos González – 76
- Loretta Ortiz Ahlf – 75
- Giovanni Azael Figueroa – 72
- Sara Irene Herrerías Guerra – 65
- Irving Espinoza Betanzo – 62
- Hugo Aguilar Ortiz (ministro presidente) – 45
