La administración de la Alcaldía Cuauhtémoc vuelve a estar en el centro de la polémica legal tras la presentación de denuncias formales ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). El concejal José Emilio Villar González ha señalado directamente a la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, y al Partido Acción Nacional (PAN) por presuntamente orquestar una estrategia de promoción personalizada utilizando bienes y recursos públicos, lo que podría constituir una falta grave a la equidad electoral en la demarcación.
Similitudes sospechosas en la propaganda institucional y partidista
El núcleo de la denuncia presentada por el concejal Villar González radica en la utilización de lemas y diseños visuales que, según su testimonio, confunden deliberadamente la acción de gobierno con la propaganda política. Durante una conferencia de prensa realizada frente a las instalaciones del órgano electoral en el sur de la Ciudad de México, el funcionario morenista exhibió pruebas de cómo diversos puntos de la alcaldía han sido rotulados con frases casi idénticas.
Villar González explicó que existe una vinculación indebida entre la frase institucional “Renace Cuauhtémoc”, empleada formalmente por el gobierno de la demarcación, y el eslogan “Cuauhtémoc Renace”, utilizado por el Partido Acción Nacional. El concejal sostiene que la coexistencia de estos mensajes en bardas de programas sociales no es casualidad, sino una táctica para posicionar la imagen personal de Rojo de la Vega y, de manera anticipada, la marca del partido político que la respalda. Para el denunciante, esta práctica es absolutamente irregular, ya que desvía el propósito de la comunicación gubernamental hacia fines de promoción partidista.
Solicitud de medidas cautelares por lonas y obras públicas
Además de la rotulación de bardas, la denuncia ciudadana y política alcanza la colocación masiva de lonas en las que se anuncian diversas obras públicas. José Emilio Villar González, quien estuvo acompañado por Carlos Yael Vázquez Méndez, representante de Morena ante el IECM, afirmó que la proliferación de estos materiales contraviene de forma directa las disposiciones constitucionales que regulan la propaganda gubernamental. Según el funcionario, el uso de espacios públicos para favorecer a una fuerza política específica es una ilegalidad que debe ser sancionada de inmediato para evitar un daño irreparable al proceso democrático.
Ante esta situación, el concejal informó que las denuncias fueron acompañadas de una solicitud formal de medidas cautelares. El objetivo primordial es que la autoridad electoral ordene el retiro de la propaganda y dé inicio a los procedimientos sancionadores correspondientes. Villar González insistió en que es fundamental que las autoridades fiscalicen tanto el origen de los recursos para estos materiales, como el uso de bienes de la alcaldía para la promoción personalizada. El llamado final a las instituciones electorales es claro: investigar a fondo esta presunta triangulación de recursos públicos que busca beneficiar tanto a la actual alcaldesa como a su partido político.
