En México, denunciar un delito no garantiza justicia. De hecho, las probabilidades son bajas: apenas 1 de cada 10 casos logra resolverse, lo que refleja una crisis estructural en el sistema de justicia penal.
Un estudio reciente de México Evalúa advierte que la mayoría de los delitos no solo quedan impunes, sino que se “pierden” en distintas etapas del proceso, desde que se reportan hasta que deberían resolverse ante un juez.
Un sistema donde los delitos se quedan en el camino
El problema comienza incluso antes de que intervengan las autoridades. En el país, el 93% de los delitos no se denuncian, lo que deja fuera del sistema a millones de casos.
Pero incluso cuando sí se reportan, el recorrido institucional está lleno de obstáculos. De acuerdo con el análisis, las policías reciben millones de reportes relacionados con delitos, pero solo una parte se convierte en denuncias formales ante las fiscalías.
Esta desconexión marca el primer gran filtro del sistema: muchos casos simplemente no avanzan.
De la denuncia al juez: un proceso que se estanca
Para los casos que sí logran entrar al sistema, el camino tampoco es sencillo. Aunque la mayoría de las denuncias derivan en la apertura de carpetas de investigación, solo una pequeña proporción avanza hasta llegar ante un juez.
En términos concretos, apenas el 6.28% de los casos alcanza una imputación formal, lo que significa que la gran mayoría se queda sin consecuencias legales.
Esto evidencia que el problema no es únicamente la falta de denuncia, sino la incapacidad institucional para dar seguimiento efectivo a los casos.
Tribunales saturados y pocos resultados
El panorama se complica aún más en la etapa final. De cientos de miles de causas penales acumuladas en tribunales, solo una minoría logra una resolución efectiva.
Esto incluye mecanismos como juicios, acuerdos o soluciones alternas, pero en conjunto representan apenas una fracción del total de casos.
El resultado es un sistema que procesa pocos casos frente a una carga creciente.
El rezago crece y el sistema se satura
Uno de los hallazgos más preocupantes es el aumento del rezago. En los últimos años, los casos pendientes tanto en fiscalías como en tribunales se han duplicado.
Esto significa que, además de los nuevos delitos, el sistema arrastra una acumulación de expedientes sin resolver, lo que reduce aún más su capacidad de respuesta.
¿Por qué persiste la impunidad?
El estudio señala que uno de los principales problemas es la falta de coordinación entre instituciones, especialmente entre policías y fiscalías.
A esto se suman factores como la complejidad para denunciar, la falta de capacidades de investigación y una gestión institucional que no logra priorizar la resolución de casos.
En conjunto, estos elementos explican por qué la impunidad se mantiene como una constante en el país.
¿Cuál es la solución?
A pesar del diagnóstico, el informe plantea que reducir la impunidad sí es posible si se implementan cambios clave.
Entre las principales propuestas destacan facilitar el acceso a la denuncia, fortalecer las investigaciones, mejorar la coordinación entre autoridades y ampliar el uso de mecanismos alternativos para resolver conflictos.
También se subraya la importancia de mejorar la transparencia y el uso de datos, como lo busca la plataforma Data Justicia, diseñada para analizar el desempeño del sistema penal.
Un problema que sigue sin resolverse
La radiografía del sistema de justicia en México deja claro que el problema no está en un solo punto, sino en toda la cadena institucional.
Mientras no se corrijan estas fallas, millones de delitos seguirán sin resolverse, alimentando un ciclo de impunidad que impacta directamente en la confianza de la ciudadanía.
