La reciente determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibir al dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, el uso del término “narcopartido” para referirse a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), desató una intensa confrontación entre ambas fuerzas políticas; todo ello de cara al proceso electoral de 2027.
“Quienes perfeccionaron la impunidad como método de gobierno no tienen la calidad moral para acusar sin pruebas”, acusó Morena.
Fallo del INE y señalamientos del tricolor
Mientras la dirigencia del partido oficialista celebró la resolución al considerarla un freno a los señalamientos sin fundamento, legisladores de la oposición denunciaron que la medida atenta directamente contra la libertad de expresión en el país.
La cúpula nacional de Morena expresó su satisfacción con el dictamen emanado de la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral. Mediante comunicado, acusaron que el tricolor intenta descalificar a un movimiento respaldado masivamente en las urnas durante los últimos procesos electorales, recurriendo a adjetivos como “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”,“narcodictadura”, “cártel de Morena” y “narcopartido”, los cuales carecen de sustento legal y probatorio.
Los representantes del guinda rechazaron que el acuerdo configure un acto de censura, argumentando que la autoridad electoral actuó por unanimidad para retirar nueve publicaciones difundidas en redes sociales: cuatro a título personal y el resto institucionales.
Riesgos para la democracia e instancias internacionales
En contraste, el coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, arremetió contra la resolución institucional y advirtió que el árbitro electoral está sentando un precedente peligroso para el ejercicio democrático, ante lo que definió como la consolidación de un entorno de censura que impide discutir abiertamente sobre la presunta injerencia de grupos delictivos en la vida política y electoral del país.
El priista no descartó acudir ante instancias internacionales de derechos humanos para denunciar la presunta vulneración de los derechos políticos y de libre manifestación de la dirigencia de su partido.
