En un movimiento estratégico para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero mexicano, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció este miércoles una enmienda crucial a las sanciones impuestas en 2025 contra CIBanco.
Esta modificación regulatoria tiene como objetivo principal permitir el flujo de fondos necesarios para que el Gobierno de México pueda finalizar el proceso de disolución y liquidación de la institución. La medida busca evitar un colapso desordenado que afecte a terceros y garantizar que los recursos lleguen a los ahorradores protegidos por la ley.
¿Qué permiten las nuevas reglas?
A partir de este 16 de abril de 2026, se autorizarán movimientos de capital que anteriormente estaban bloqueados por la orden de junio de 2025. Estas transferencias deberán ser estrictamente “habituales y necesarias” para el desmantelamiento de la entidad financiera.
Sin embargo, la autoridad estadounidense ha impuesto dos candados de seguridad para evitar que esta apertura sea aprovechada por redes criminales:
- Validación del Liquidador: Cada movimiento debe contar con la firma y autorización formal del liquidador designado por el Estado mexicano.
- Cumplimiento Internacional: Ninguna operación autorizada bajo esta enmienda puede violar otras sanciones internacionales o leyes vigentes.
Es fundamental señalar que, pese a esta flexibilidad operativa, el Tesoro mantiene a CIBanco bajo la clasificación de institución de “principal preocupación” por lavado de activos.
El origen de la crisis: Vínculos con el tráfico de fentanilo
El colapso de CIBanco se precipitó el 25 de junio de 2025, cuando investigaciones de Washington revelaron que la institución funcionaba como una pieza clave en el engranaje financiero de organizaciones de alta peligrosidad.
Según el Tesoro, el banco facilitó el blanqueamiento de capitales provenientes del tráfico de drogas, con especial énfasis en opioides sintéticos como el fentanilo. Las indagatorias señalaron que la entidad sirvió a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y la organización de los Beltrán Leyva. Además, se le acusó de gestionar pagos transnacionales para la compra de precursores químicos en China, esenciales para la fabricación de drogas sintéticas.
Ante la gravedad de los señalamientos y la inmediata crisis de liquidez, los accionistas se vieron obligados a solicitar la revocación voluntaria de su licencia de operación para evitar un contagio mayor al sector bancario nacional.
Situación de los ahorradores y postura del Gobierno de México
A pesar de la magnitud del escándalo, el proceso de liquidación ha priorizado la protección de los usuarios. Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirman que 32,656 ahorradores —lo que representa el 99.4% del total de clientes— están cubiertos por el seguro del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Hasta el momento, la mayoría de estos pasivos han sido liquidados conforme a los protocolos legales, minimizando el impacto patrimonial en las familias mexicanas que confiaron sus recursos a la institución.
Por otro lado, el panorama político mantiene matices de cautela. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido que, a nivel interno, no se ha hallado evidencia contundente que vincule directamente a CIBanco o a otras entidades mencionadas (como Intercam y Vector) con el crimen organizado. No obstante, la resolución actual del Tesoro de EE. UU. refuerza la cooperación binacional y envía un mensaje claro: no habrá tolerancia para las entidades que, por acción u omisión, faciliten las finanzas de los cárteles.
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