El reciente informe sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) desató una ola de críticas desde las organizaciones que acompañan a las familias buscadoras, ya que colectivos civiles, encabezados por la organización Fundar, señalaron que el Estado mexicano intenta minimizar la magnitud de la emergencia humanitaria al reducir la crisis de los desaparecidos a una simple gestión de carpetas ministeriales, lo que, en la práctica, borra la realidad de miles de víctimas.
Durante la conferencia matutina de este viernes, el Gobierno Federal confirmó que existen 130,178 registros de personas que mantienen el estatus de desaparición desde 2006 a la fecha.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que estas cifras emanan de un proceso de revisión y depuración del sistema nacional. Sin embargo, para los activistas, el enfoque utilizado por las autoridades presenta fallas estructurales que arriesgan un subregistro masivo.
“Reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”, sostuvo.
La brecha entre la denuncia y la realidad
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó que ahora es obligatorio que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación abierta.
No obstante, las organizaciones recordaron que esta obligatoriedad existe legalmente desde 2017.
La preocupación de los colectivos radica en que condicionar el registro oficial a la existencia de un expediente judicial es “premiar la ineficiencia institucional”, especialmente en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%.
Las organizaciones denunciaron que persisten malas prácticas y omisiones sistemáticas en las fiscalías, las cuales evitan recibir denuncias o clasifican las desapariciones bajo otros tipos penales para evadir la investigación.
Al utilizar exclusivamente las carpetas de investigación para medir la tragedia, el Estado genera una distorsión de la realidad, ya que el número de expedientes no equivale necesariamente al número total de desaparecidos en territorio nacional.
Debate sobre desaparición forzada
Otro punto de fricción es la narrativa oficial que sugiere la erradicación de las desapariciones forzadas en México. Las organizaciones lamentaron que el discurso gubernamental reduzca el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado.
La postura, aseguran, borra la posible participación de agentes estatales en los hechos, una realidad documentada en diversas recomendaciones internacionales y expedientes históricos de la crisis de violencia iniciada en 2007.
Amnistía Internacional (AI) se sumó al llamado de urgencia para erradicar esta crisis, aunque manifestó interés en la revisión integral del registro mediante metodologías científicas y análisis de datos. Sin embargo, la crítica principal de los colectivos es la exclusión de las familias y expertos del diseño de estas herramientas.
Lamentaron que la presentación de los avances se realizara sin una convocatoria transparente y abierta que incluyera la participación sustantiva de quienes realizan las búsquedas en campo.
Reformas y herramientas tecnológicas
A pesar de los cuestionamientos, el Gobierno defendió las reformas publicadas en julio de 2025, las cuales establecen la Alerta Nacional de Búsqueda y la creación de la Plataforma Única de Identidad.
Dichas medidas se complementan con el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, instrumentos diseñados para agilizar la identificación de restos y centralizar la información de las 32 entidades federativas.
Para las familias de los desaparecidos, la efectividad de estas herramientas dependerá de que no se conviertan en obstáculos burocráticos. La demanda de los colectivos es clara: la búsqueda no debe depender de la voluntad de un burócrata frente a un archivo, sino de una política de Estado que reconozca la magnitud de la tragedia sin matices estadísticos.
