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Despliegue militar de Bukele en Haití desata cuestionamientos sobre seguridad en México

La crisis en Haití atraviesa un momento inédito tras el despliegue de cerca de 2 mil efectivos salvadoreños, impulsado por la emboscada contra cuatro técnicos de El Salvador cerca de Puerto Príncipe, la capital, así como un acuerdo bilateral de cooperación en seguridad.

Mientras multitudes celebran el operativo contra las pandillas, el caso abre un intenso debate regional sobre por qué un Estado delega su seguridad pública en otro y si este modelo podría replicarse en países afectados por el crimen organizado, como México.

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pandillas controlan Haití. Foto: EFE/ Johnson Sabin

Origen y causas del colapso haitiano

La inseguridad estructural del país caribeño se remonta a décadas de fragilidad estatal, crisis económicas y rupturas institucionales, pero se agravó drásticamente tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. Sin una policía ni un ejército con capacidad real de contención, las bandas armadas ampliaron su dominio sobre barrios enteros, carreteras estratégicas, puertos y servicios básicos, paralizando la vida cotidiana y multiplicando extorsiones y secuestros.

Cabe destacar que debido a la escalada criminal, en septiembre de 2021, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que los barcos enviados con ayuda humanitaria a Haití enfrentaron dificultades para desembarcar víveres debido al control de bandas armadas y a ataques con disparos. Posteriormente, en 2024, el gobierno procedió a la evacuación de 34 connacionales, derivado de los problemas de inseguridad.

A este vacío de autoridad se sumaron coaliciones criminales como Viv Ansanm y agrupaciones como 400 Mawozo y Gran Grif, alimentadas por el tráfico ilícito de armas y disputas políticas internas. La violencia desplazó a cerca de 1,5 millones de personas y sumergió al país en una emergencia humanitaria severa.

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pandillas inseguridad Haití. Foto: EFE/ Mentor David Lorens

Tras la disolución del Consejo Presidencial de Transición en febrero de 2026, y el inicio formal de operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su siglas en inglés) en junio, con la autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) integrada por más de 2 mil efectivos procedentes de Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, El Salvador y Bangladés, propició que el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé quedara frente al desafío urgente de restablecer el orden público y recuperar el control territorial.

Ataques, secuestros y la maniobra salvadoreña

En septiembre la Asamblea Legislativa de El Salvador había autorizado otro contingente de apoyo, pero el punto de inflexión ocurrió el 18 de octubre en los alrededores de Croix-des-Bouquets, al norte de Puerto Príncipe. Ese día, cuatro técnicos de aviación de la Fuerza Armada salvadoreña asignados a la GSF sufrieron una emboscada con explosivos contra su vehículo blindado, desde entonces están desaparecidos en una zona controlada por grupos armados.

  • 18 de octubre. Tras la emboscada, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió a las pandillas que operan en Haití la liberación de sus cuatro técnicos y lanzó un ultimátum para que los entregaran con vida, de lo contrario habría represalias severas si no lo hacían.
  • 21 de octubre. Tras la negativa, Bukele ordenó una operación de rescate mediante el envío de más de 2 mil militares y fuerzas de seguridad, enfatizando que el despliegue “no es una invasión ni busca dominar al país o apoderarse de sus recursos” y que el 90% de los recursos para ello provenían de su país y el 10% restante de aportaciones de otros países.
militares salvadoreños haití
militares salvadoreños Haití. Foto: EFE/ Jonet St. Élois
  • 24 de octubre. República Dominicana reforzó su frontera con 10 mil soldados ante la escalada regional y evitar un éxodo de haitianos.
  • 29 de octubre. Bukele difundió en redes sociales imágenes del despliegue militar prometiendo combatir a las bandas y condicionando la retirada de sus tropas a la recuperación de los técnicos desaparecidos.
  • 8 de noviembre. Fuerzas salvadoreñas destruyeron mediante bombardeos aéreos un inmueble señalado como cuartel general de la pandilla 400 Mawozo al este de la capital.
  • 17 de noviembre. Fils-Aimé formalizó la aprobación de un acuerdo bilateral de cooperación en seguridad con El Salvador, pese a ello el pueblo se manifestó masivamente y exigió la renuncia del Primer Ministro al tiempo que vitoreó “Bukele” y agradeció su ayuda; reflejando el hartazgo social frente a años de violencia impune y la esperanza de un alivio inmediato.

Declaraciones y cuestionamientos regionales

El fenómeno ha generado profundos cuestionamientos políticos y jurídicos. Amnistía Internacional y diversos especialistas advirtieron que la falta de publicación de los términos del acuerdo, las reglas de enfrentamiento, el financiamiento y la ausencia de una fecha fija de retirada, la cual podría extenderse hasta el 2027, dejan interrogantes sobre la soberanía haitiana y los derechos humanos.

De igual forma, analistas de la región han planteado algunas preguntas de fondo:

  • ¿Por qué un Estado llega al extremo de recurrir a otro para garantizar su seguridad interna?
  • ¿Sería viable o deseable que países como México consideren “subcontratar” o replicar esquemas de cooperación externa similar en regiones donde no tiene control y omitir encarar al crimen organizado?

Aunque la experiencia haitiana muestra el atractivo político de una intervención rápida, expertos subrayan que cada país enfrenta marcos constitucionales, dinámicas criminales y riesgos institucionales muy distintos que impiden trasladar el modelo de forma automática.

podredumbre social política seguridad haití
podredumbre social política seguridad Haití. Foto: EFE/ Orlando Barría