La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves que Myanmar cometió genocidio contra la comunidad rohinyá en la ofensiva militar de 2017 en el estado de Rakáin. Se trata de una sentencia histórica, pues es la primera vez que un Estado es juzgado por este crimen a través de la CIJ.
La resolución fue aprobada con nueve votos a favor y seis en contra, por el máximo tribunal de Naciones Unidas, que determinó que existen pruebas de que las fuerzas birmanas actuaron con la intención de eliminar a esta minoría étnica de religión musulmana.
La demanda que dió origen a este fallo fue presentada por Gambia en noviembre de 2019, en la que acusó a Myanmar de incumplir sus obligaciones establecidas en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Entre los crímenes acreditados por la Corte se encuentran asesinatos masivos, incluidos los de niños, violencia sexual contra integrantes de la comunidad. Incluso, se acreditaron acciones para impedir los nacimientos dentro de la comunidad para facilitar su extinción.

¿Qué ordenó la Corte Internacional de Justicia a Myanmar?
Además de establecer la responsabilidad internacional del Estado, la CIJ ordenó a Myanmar adoptar medidas para reparar los daños ocasionados a la población rohinyá.
Entre las disposiciones se encuentran facilitar el regreso seguro, voluntario y digno de las personas desplazadas, tanto dentro como fuera del país; restituir sus propiedades o indemnizar a quienes perdieron sus bienes, y garantizar la reunificación de las familias separadas.
Asimismo, el tribunal solicitó investigar a los responsables de los crímenes y que sean llevados ante la justicia, que se modifiquen las disposiciones legales discriminatorias y que se establezcan garantías para evitar que estos hechos se repitan.
También se contempla la rehabilitación física y psicológica de las víctimas, así como la búsqueda de personas desaparecidas. Myanmar tendrá que presentar un informe sobre las medidas de reparación en un plazo de dos años.
¿Qué pasó durante el genocidio contra la comunidad rohinyá?
La persecución contra los rohinyás tiene antecedentes de varias décadas. Esta comunidad es una minoría étnica musulmana que habita principalmente en el estado de Rakáin, en Myanmar, un país cuya población es mayoritariamente budista.
Durante años, los rohinyás han enfrentado discriminación, restricciones a sus derechos y exclusión de la vida política y social. El Gobierno birmano se ha negado a reconocerlos como una de las minorías étnicas del país y los considera extranjeros, pese a que generaciones de esta comunidad han nacido y vivido en su territorio.
Uno de los principales mecanismos de exclusión fue la Ley de Ciudadanía de 1982, que dejó a gran parte de la población rohinyá sin reconocimiento como ciudadanos, lo que limitó su acceso a derechos fundamentales.
En agosto de 2017, el ejército birmano lanzó una ofensiva militar en el norte del estado de Rakáin. La operación fue presentada por las autoridades como una respuesta a los ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Rakáin (ARSA), grupo armado que había atacado puestos de seguridad.

Sin embargo, las operaciones militares derivaron en asesinatos masivos, violaciones sexuales, incendios y destrucción de poblaciones enteras. La Corte Internacional de Justicia consideró que estos actos no fueron únicamente una respuesta contra un grupo armado, sino que estuvieron acompañados de una intención de extinguir a la comunidad rohinyá.
La ofensiva dejó al menos 10 mil personas muertas, de acuerdo con la estimación respaldada por la CIJ, mientras que más de 700 mil rohinyás huyeron hacia Bangladesh para escapar de la violencia. Desde entonces, cientos de miles de personas permanecen en campos de refugiados, principalmente en la región de Cox’s Bazar, donde enfrentan condiciones precarias y dependen de la asistencia humanitaria.
El Gobierno birmano justificó la ofensiva de 2017 como una operación antiterrorista contra ARSA, misma que se acreditó hoy como genocidio. La CIJ identificó también la difusión coordinada de discursos de odio, además de intentos por eliminar pruebas de los crímenes cometidos deliberadamente.
En enero de 2020, el tribunal ya había ordenado a Myanmar adoptar medidas provisionales para proteger a la comunidad rohinyá y prevenir actos de genocidio mientras se resolvía el caso. La nueva sentencia concluyó que el Estado no cumplió adecuadamente con esas obligaciones.