Los bloques parlamentarios de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) aprobaron en la Cámara de Diputados una reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con un resultado de 307 votos a favor, 128 votos en contra y una sola abstención, el bloque oficialista avaló las modificaciones para establecer la nulidad de las elecciones en el país cuando se logre acreditar la existencia de actos de intervención o injerencia extranjera que hayan influido directamente en los resultados electorales.
Van por anular las elecciones por injerencia extranjera
El coordinador de la bancada de Morena y autor de la iniciativa, Ricardo Monreal, detalló que el propósito central de esta reforma es incorporar una sanción explícita contra la intervención extranjera en los asuntos nacionales dentro del texto constitucional, complementando lo que ya se encuentra establecido en el artículo 40.
Monreal expuso que actualmente el artículo 41 constitucional constituye una norma imperfecta debido a que carece de un castigo específico para quien intente tener injerencia en los procesos electorales o pretenda invadir el país.
En sus palabras, la sanción que se plantea consiste en la nulidad de la elección para cualquier proceso electoral en donde se logre demostrar, mediante pruebas plenas y fehacientes, que agentes externos o gobiernos extranjeros intervinieron activamente.
Asimismo, adelantó que posteriormente se discutirá una reforma secundaria con el fin de desarrollar las hipótesis y los supuestos jurídicos precisos sobre lo que implica una injerencia, una intervención o una invasión a las facultades de los gobiernos nacionales o a las estructuras dedicadas a la organización electoral.
Oposición muestra rechazo
Por su parte, los legisladores de los partidos de oposición, integrados por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), manifestaron su rechazo absoluto al dictamen.
Las fracciones opositoras acusaron formalmente a Morena y al régimen de buscar utilizar esta reforma constitucional como una herramienta legal para proceder a la invalidación de procesos electorales de acuerdo con su propia conveniencia política.
A este reclamo se sumó el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, quien señaló que la premura con la que se presentó y procesó la iniciativa, ingresada apenas el pasado 21 de mayo, impidió realizar un análisis profundo de la reforma.
De acuerdo con el legislador priista, esta falta de tiempo para el debate provocó una confusión severa en los conceptos jurídicos que se proponen dentro del dictamen.
Moreira argumentó que el debate actual confunde los términos de intervención con injerencia, precisando que se trata de conceptos totalmente distintos que cuentan con resoluciones específicas por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El líder de la bancada tricolor concluyó que, debido a la rapidez con la que se exigió la votación de la reforma, los diputados no dispusieron del espacio necesario para reflexionar adecuadamente sobre sus alcances conceptuales.
