Al menos 19 muertos fue el saldo que dejó un bombardeo del Ejército de Venezuela en contra de un campamento de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el estado fronterizo de Apure.
De acuerdo con los reportes, el ataque aéreo tuvo lugar en el sector rural de Buena Vista del Meta, municipio de Pedro Camejo, que colinda con el departamento colombiano de Vichada.
¿Qué se sabe del bombardeo del Ejército de Venezuela?
Según los reportes, las fuerzas militares tomaron por sorpresa el campamento, destruyendo la estructura del asentamiento en una zona boscosa.
Fundaredes, una organización con presencia en la zona, había reportado inicialmente nueve decesos en el bombardeo, pero posteriormente confirmó el hallazgo de otros 10 cuerpos.
Esta mañana, la fundación compartió su posicionamiento a través de sus redes sociales. El coordinador regional de la organización no gubernamental, Juan Francisco García Escalona, informó que llevan años denunciando la presencia y actuación de grupos armados irregulares en la frontera venezolana.
“Lo que pedimos desde Fundaredes es transparencia porque la población civil está en zozobra”, dijo
Del mismo modo, exigió transparencia absoluta por parte del Estado y los organismos de seguridad sobre los hechos ocurridos, así como garantías reales de protección para los ciudadanos y comunidades indígenas.
El defensor en Derechos Humanos, Javier Tarazona, exigió transparencia y respuestas oficiales tras los reportes del bombardeo y pidió respuestas inmediatas al recordar que las comunidades fronterizas llevan años bajo el control de grupos armados.
Control del territorio y economías ilícitas
La disputa entre las FANB y el ELN, que derivó en el reciente bombardeo en la zona de Apure responde a una mezcla de control territorial, economías ilícitas y un cambio en las alianzas.
Durante años, el ELN ha cruzado y operado en estados fronterizos como Apure, Zulia, Amazonas y Bolívar.
De acuerdo con las investigaciones, las diputas se han centrado principalmente por el control de las trochas y pistas clandestinas empleadas para el tráfico transfronterizo de drogas, así como por el cobro de cuotas a comunidades locales y la explotación no autorizada de recursos mineros.
