Cada 10 de junio, México vuelve a conmemorar uno de los eventos más lamentables y más oscuros de su historia contemporánea. Han pasado exactamente 55 años desde la matanza estudiantil conocida históricamente como el Halconazo o la Matanza del Jueves de Corpus.
Sin embargo, para los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y las diversas organizaciones de derechos humanos, el caso sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva que el paso del tiempo no ha logrado cerrar en el país.
Esta efeméride anual no solo funciona para recordar la violencia y la represión ejercida en el pasado por parte de gobiernos conservadores, sino que también se ha consolidado como un símbolo permanente de la lucha civil por la verdad, la memoria y la justicia.
Esto cobra especial relevancia en una nación donde la gran mayoría de los autores materiales e intelectuales responsables de la tragedia jamás enfrentaron consecuencias legales directas por sus actos.
¿Qué pasó en el ‘Halconazo’?
Aquella tarde del 10 de junio de 1971, miles de estudiantes universitarios salieron a las calles de la Ciudad de México.
El objetivo principal del contingente era expresar públicamente su apoyo al movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y exigir mayores libertades democráticas al Estado.
Cabe señalar que esta manifestación representaba la primera gran movilización estudiantil organizada en la capital tras la trágica masacre de Tlatelolco ocurrida en el año de 1968.
A pesar de la violencia institucional registrada en los acontecimientos previos de la década anterior, los movimientos estudiantiles habían logrado importantes avances a nivel nacional.
Entre ellos destacaba el reconocimiento legal de la autonomía universitaria en estados como Sinaloa, Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco y el propio Nuevo León. Sin embargo, en este último caso, las autoridades locales revocaron la autonomía de la UANL y redujeron drásticamente el presupuesto asignado a la institución educativa.
Ante esta situación de vulnerabilidad, los estudiantes originarios de Nuevo León conformaron un comité para defender la autonomía universitaria y solicitaron formalmente el respaldo de otras instituciones de educación superior del país.
La convocatoria encontró un eco inmediato y un apoyo solidario en gran parte de las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), lo que derivó en la organización de la movilización masiva del 10 de junio de 1971.
La brutal irrupción del grupo paramilitar Los Halcones
La marcha pacífica tuvo lugar en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás, lugar exacto del que partió el contingente de jóvenes de manera ordenada.
De forma repentina, apareció en el sitio un grupo paramilitar conocido abiertamente bajo el nombre de “Los Halcones”.
Esta corporación clandestina había sido creada y entrenada de manera específica por las estructuras del Estado con el objetivo de contener y disolver las movilizaciones sociales de la época.
Durante la década de los años setenta, el gobierno mexicano encabezado por el presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) se configuró formalmente como un sexenio que buscó reprimir las protestas sociales a toda costa.
Bajo esta premisa gubernamental, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en contra de todo aquel individuo o colectivo que representara una supuesta amenaza política para el régimen en turno, siendo el llamado “Halconazo” uno de los ejemplos más claros y documentados de dicha estrategia.
El enfrentamiento perpetrado en la vía pública estuvo marcado por una extrema brutalidad.
De acuerdo con los numerosos testimonios de los sobrevivientes, la documentación oficial recopilada y los informes posteriores, se supo que los integrantes de “Los Halcones” atacaron deliberadamente a los estudiantes utilizando palos, pistolas y rifles de alto poder.
Los paramilitares abrieron fuego directo contra la multitud indefensa, golpearon a los manifestantes y persiguieron a los transeúntes.
La persecución violenta no se detuvo en las calles, ya que los agresores ingresaron a los hospitales cercanos para buscar y agredir a los heridos que intentaban recibir atención médica, al tiempo que golpeaban a los periodistas y fotógrafos que documentaban los hechos de violencia.
A pesar de que el gobierno federal trató de minimizar los acontecimientos ante la opinión pública y reducir drásticamente los números oficiales de fallecidos, las estimaciones independientes señalan que murieron alrededor de 120 personas, además de registrarse decenas de desaparecidos y más de un centenar de heridos graves.
En un informe histórico publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la institución señala de manera puntual cómo los medios de comunicación de la época intentaron disfrazar la masacre a través del uso de un lenguaje simplista y sesgado:
“En los medios de comunicación la represión fue disfrazada como una lucha entre grupos universitarios; sin embargo, una testigo declaró en un programa de televisión: ‘Acaban de matar estudiantes en San Cosme’, tras lo cual la llamada fue cortada. Bajo esa misma ‘línea editorial’ se encontraban las notas del periódico La Prensa, que al día siguiente exhibía el siguiente encabezado: ‘Fracaso de Agitadores. No lograron romper el clima de cordialidad del país'”, citó textualmente el organismo.
