Las y los diputados federales del PRI, coordinados por Rubén Moreira, votaron en contra del Código Fiscal de la Federación 2026, por considerar que violenta el principio de la presunción de inocencia, convierte una resolución administrativa en un delito y criminaliza a contribuyentes sin distinción.
Reiteraron que México necesita una política fiscal justa, moderna y humana, no un sistema persecutorio. Insistieron que por dignidad, justicia y solidaridad con el pueblo de México, el PRI votará en contra de este atropello.
El diputado federal Jericó Abramo Masso, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, advirtió que las reformas al Código Fiscal de la Federación, impulsadas por Morena, instauran una política de terrorismo fiscal que convierte la recaudación en un fin persecutorio y no en una herramienta de desarrollo económico.
Durante la discusión del dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados, Abramo Masso alertó que la reforma criminaliza a las y los contribuyentes, al permitir que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) declare operaciones inexistentes sin audiencia previa, violentando el principio de presunción de inocencia y transformando una resolución administrativa en delito penal.
“Esta reforma no investiga, persigue. Le otorgan al SAT un poder desmedido que pone en riesgo a miles de empresas formales y productivas del país. No distingue entre el pequeño comerciante y el gran defraudador fiscal”, sostuvo.
El legislador coahuilense explicó que con las recientes modificaciones, el SAT podrá suspender patentes aduanales, confiscar mercancías y rematarlas sin sentencia, afectando gravemente el patrimonio de personas inocentes. “Eso no es justicia fiscal, es una política de miedo y abuso”, enfatizó.
Asimismo, reveló que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce la existencia de más de 3 mil 500 empresas bajo sospecha de irregularidades fiscales, de las cuales más de mil 600 ya obtuvieron sentencias favorables. “Con esta reforma, esas defensas dejarán de tener efecto; todos serán culpables antes de ser investigados”, advirtió.
Abramo Masso señaló que el PRI no se opone al combate a la corrupción ni a la evasión, pero sí a los excesos que ponen en riesgo la estabilidad económica y la seguridad jurídica del país. “Queremos que los factureros vayan a la cárcel, pero no a costa de criminalizar a los emprendedores y generadores de empleo”, afirmó.