La reciente muerte de Noelia Castillo, una ciudadana española de 25 años que ejerció su derecho a la eutanasia tras una prolongada batalla legal, resuena en México con la denominada Ley Trasciende, que busca garantizar el derecho a morir con dignidad, un tema que llegará al Senado de la República el próximo 23 de abril.
Héctor Nebot, abogado con maestría en Bioética, señaló en entrevista con Alejandro Cacho que la coyuntura internacional ofrece un marco de referencia oportuno para la realidad nacional.
“El debate está empezando y es en muy buen momento que esto sucede en España, porque justamente en México el debate está más abierto que nunca con la Ley Trasciende, con Samara Martínez”, sostuvo.
En México, el rostro de esta lucha es Samara Martínez, una mujer de 30 años que padece múltiples enfermedades, una de ellas en etapa terminal. Tras enfrentar el fracaso de dos trasplantes de órganos, Martínez encabeza la exigencia por un marco legal que permita una muerte digna frente al sufrimiento irreversible.
Autonomía y el conservadurismo
La experiencia de Noelia Castillo en España, donde el proceso enfrentó una férrea oposición familiar y judicial, es un espejo de los obstáculos que pudieran ser vistos en territorio mexicano.
Nebot advirtió que los grupos ultraconservadores representan el mayor escollo para el avance de la Ley Trasciende. No obstante, el especialista apeló a un principio de coherencia jurídica dentro de la Ley General de Salud, la cual ya reconoce el derecho de las personas a disponer de su propio cuerpo para donación y trasplante.
“¿Por qué no aplicar el mismo principio justamente a la posibilidad que tendríamos de decidir hasta dónde queremos vivir una vida que para nosotros podría ser ya no con dignidad?”, cuestionó el jurista.
La premisa central del debate radica en si la sociedad, el gobierno o la familia poseen la facultad de imponer la continuación de una existencia marcada por un dolor que carece de solución médica. Nebot señala que la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad ha documentado una tendencia favorable del tema en la opinión pública.
De acuerdo al abogado, encuestas recientes indican que la mayoría de los ciudadanos apoya la legislación de la eutanasia: “Nadie tiene el derecho de decidir sobre la vida de alguien más”.
Andamiaje para la muerte asistida
El experto señaló que la aprobación de una iniciativa requiere más que voluntad política; demanda una reestructuración profunda del sistema de salud.
Además, explicó que la viabilidad del proyecto depende de un sostén legislativo robusto que se traduzca en presupuesto federal. Esto incluye la adquisición de fármacos específicos y, primordialmente, la capacitación de personal sanitario especializado. Médicos y enfermeras requerirían no solo formación técnica para la aplicación de los procesos, sino también acompañamiento psicológico, dado que son procedimientos con una carga moral compleja para quien los ejecuta.
Resaltó que una estructura jurídica debe contemplar tres etapas clave:
- Creación legislativa: Leyes claras que protejan tanto al paciente como al personal médico.
- Reglamentación administrativa: Normas emitidas por las secretarías de salud y autoridades hospitalarias.
- Asignación presupuestal: Fondos para que las instituciones públicas cuenten con los elementos necesarios para el ejercicio de este derecho.
Hacia el debate en el Senado
Al final de la entrevista recordó que el próximo 23 de abril es una fecha crucial para la agenda de derechos humanos en México. El Senado de la República tiene programada una reunión para dar inicio formal al análisis de las iniciativas de eutanasia.
“El día 23 de abril es cuando está programado una reunión en el Senado para justamente empezar a hablar de este tema. No sabemos todavía cómo va a ser la organización y esto, pero pues ya se acerca el día y basta que se confirme para que estén atentos porque esto está empezando en México”, dijo.
