El ambicioso programa de residencia por inversión impulsado por el presidente Donald Trump, conocido como la Visa Dorada, registra un avance mínimo a seis meses de su implementación. Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, informó este jueves ante un comité de la Cámara de Representantes que, hasta el momento, solo una solicitud ha recibido el aval oficial de las autoridades migratorias.
El esquema, establecido mediante una orden ejecutiva en septiembre pasado, ofrece la residencia estadounidense a cambio de una inversión de un millón de dólares para individuos y de dos millones de dólares en el caso de patrocinios empresariales.
A pesar de que la recepción de expedientes inició en diciembre, el proceso de selección se mantiene bajo una supervisión estricta por parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Filtros de seguridad y costos de tramitación en la “Visa Dorada”
Lutnick detalló que el bajo número de aprobaciones no obedece a una falta de interés, sino a la complejidad de los controles de confianza.

Además del desembolso principal, los aspirantes deben cubrir una tarifa de tramitación de 15,000 dólares. El funcionario federal aseguró que los perfiles son sometidos a una “investigación y análisis extremadamente rigurosos” antes de obtener el beneficio migratorio.
“Y hay cientos en la fila”, añadió el secretario de Comercio ante los legisladores, al referirse a los expedientes que actualmente se encuentran en diversas etapas de revisión.
El gobierno estadounidense sostiene que este mecanismo tiene como propósito atraer a personas con capacidad para generar empleos y, de manera secundaria, contribuir a la reducción del déficit nacional mediante la captación de estos capitales.

Visa Dorada y endurecimiento de la política migratoria actual
La creación de la Visa Dorada coincide con un endurecimiento generalizado de las políticas de movilidad en Estados Unidos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025.
Mientras se habilita esta vía para inversores de alto poder adquisitivo, la administración añadió una tarifa anual de 100,000 dólares a las visas H-1B, destinadas a trabajadores especializados, y mantiene operativos de deportación en diversos puntos del país.
Este nuevo modelo de visado se presenta como una alternativa para quienes poseen recursos económicos excedentes, en un contexto donde la gestión republicana prioriza una migración selectiva y fiscalizada.

