La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, rechazó los señalamientos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que la relacionan con la planificación de un falso secuestro, cuyo propósito aparente pretendía ocultar irregularidades administrativas.
Mediante un pronunciamiento en video, la funcionaria de extracción morenista catalogó la investigación como un montaje diseñado para minar la legitimidad de su gestión.
La controversia escaló ante las versiones de un presunto faltante de 40 millones de pesos en las arcas de la tesorería local, recursos que diversos señalamientos ligan a la adquisición particular de inmuebles y bienes automotrices.
¿Qué respondió Nancy Nápoles Pacheco?
En respuesta, Nápoles Pacheco sostuvo la regularidad en el ejercicio del gasto público y formalizó un requerimiento al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para dictaminar el estado real de la contabilidad municipal.
“En cuanto al señalamiento de que existe un desfalco al municipio lo niego contundentemente y pido al órgano superior de fiscalización que se apersone en el momento que quiera en el municipio para que compruebe que no existe tal hecho”, sostuvo.
Esto dice la Fiscalía del Estado de México
El posicionamiento de la alcaldesa también se centró en la validez jurídica de las pruebas recolectadas por la FGJEM. La edil denunció anomalías procesales y asimetrías en el trato recibido por parte de las autoridades investigadoras.
De igual forma, desestimó el valor probatorio del testimonio de un testigo colaborador, bajo el argumento de que los beneficios procesales e incentivos de reducción de condena restan fiabilidad a las declaraciones ministeriales presentadas en su contra.

En el plano político, la mandataria local atribuyó las acciones en su contra a una estrategia de desprestigio operada por mandos subalternos adscritos a la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, dependencia bajo la titularidad de Horacio Duarte Olivares.
Ante este panorama, Nápoles Pacheco demandó una revisión interna al personal de la fiscalía especializada para esclarecer las irregularidades cometidas en torno al delito del que fue víctima el pasado 31 de mayo, al tiempo que ratificó su permanencia en el cargo y su disposición al escrutinio legal bajo el cumplimiento estricto del debido proceso.

