El exfiscal José Antonio Pérez Bravo, acusado por presuntas omisiones y negligencia en la investigación del asesinato de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa , consiguió trabajo en la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra , en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con el directorio de la Corte, Pérez Bravo tiene el cargo de secretario de Estudio y Cuenta coordinadora de la ponencia de la ministra Sara Irene. Es decir que ocupa el segundo puesto más alto en dicha ponencia, sólo por debajo de la ministra.
Ahora, desde el Máximo Tribunal del país no solo tiene bajo su cargo coordinar la elaboración de proyectos de sentencia, como el que resolverá el tema de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció al país por el caso García Rodríguez y otro vs México , sino además la posibilidad de revisar la propia sentencia que dicho organismo internacional elaboró sobre el caso Digna Ochoa , en el que característica que el Estado mexicano cometió graves irregularidades en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos.
Animal Político buscó al equipo de comunicación social de la Suprema Corte, para conocer los motivos para la contratación de Pérez Bravo y sobre el posible conflicto de interés que pueda haber al momento de resolver asuntos de interés nacional, como los descritos, pero al cierre de edición no se había recibido respuesta alguna.
La tarde del viernes 19 de octubre de 2001, la abogada Digna Ochoa y Plácido fue encontrada sin vida en su despacho ubicado en la calle de Zacatecas 31, en la colonia Roma, que se encuentra en pleno corazón de la Ciudad de México.
Al momento de ser encontrado, su cuerpo tenía dos heridas de bala calibre .22. Un orificio en la cabeza y otro en la pierna que le traspasó por completo el cuerpo.
El 19 de julio de 2002, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aseguró que Digna Ochoa había cometido “suicidio disimulado”, al que se le quiere dar apariencia de homicidio, provocada por una fuerte depresión.
Margarita Guerra y Tejada, la primera fiscal del caso encargada de la investigación, dijo que esta conclusión estaba sustentada en más de 50 análisis periciales, 30 de los cuales eran considerados “hechos irrefutables”, pero reconoció que un supuesto diario íntimo y diversos correos electrónicos que la abogada envió a sus amigos fueron los hechos más contundentes para concluir que se trató de un suicidio .
“Ella nos hablaba de fantasías, de neurosis obsesivas, de períodos largos de depresión que cuando empiezan a operar en una persona que no tiene el apoyo permanente de especialistas pueden desencadenar en cualquier cosa que, desafortunadamente, siento que aquí fue lo que pasó ”, dijo.
Cuatro años después de su muerte, la familia de Digna Ochoa pidió que su cuerpo fuera exhumado y se reabriera la investigación. Una nueva investigación concluyó que no era posible descartar el asesinato, pero no se culpó ni procesó a nadie.
Digna Ochoa y Plácido nació el 15 de mayo de 1964 en Misantla, Veracruz. A los 20 años, se graduó como licenciada en derecho por la Universidad Veracruzana, desde donde comenzó a desempeñarse en la protección de derechos humanos y personas de escasos recursos.