La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha emitido un fallo definitivo que marca un hito en la batalla legal entre las grandes corporaciones y las autoridades fiscales. La máxima instancia judicial permitió a Telefónica Movistar eludir el pago de un crédito fiscal que ascendía a 4,442 millones de pesos (aproximadamente 253.7 millones de dólares), relacionado con el Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de 2015.
Esta decisión pone fin a un largo litigio iniciado en 2019, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó la omisión de impuestos tras una revisión de las deducciones aplicadas por la firma española de telecomunicaciones derivadas de una fusión corporativa realizada en 2014.
Fallo de la SCJN
El fallo de la SCJN fue tomado por la mayoría de los ministros tras analizar el recurso 1172/2025. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscaba revertir una protección judicial (amparo) que la empresa ya había obtenido previamente. Sin embargo, la Corte determinó que la SHCP no contaba con la legitimación necesaria para interponer dicho recurso de revisión.
Con esta resolución, quedó en firme el amparo concedido a Telefónica Movistar, imposibilitando al SAT el cobro de dicho crédito fiscal, que incluía el ISR omitido, actualizaciones, recargos y multas. Para el órgano fiscalizador, esta determinación representa un cierre definitivo a la vía de impugnación disponible dentro del sistema judicial mexicano.
El futuro de Movistar en México
Este fallo de la SCJN sobre Movistar ocurre en un momento crucial para la compañía, que atraviesa un profundo proceso de reestructuración y desinversión en el país. Especialistas del sector coinciden en que Telefónica busca vender un negocio cuyo valor ha disminuido tras cambiar radicalmente su modelo operativo en México.
Hasta antes de esta resolución, el litigio fiscal constituía una variable de incertidumbre significativa que frenaba las negociaciones para encontrar un comprador para su filial. A pesar de la victoria legal, la empresa enfrenta el desafío de valorar un negocio que ha migrado de ser un operador con infraestructura propia a un Operador Móvil Virtual (OMV).
De la infraestructura al modelo OMV
La retirada de Telefónica del mercado de infraestructura en México se ha consolidado por etapas:
- Venta de activos físicos: En 2019, la empresa inició la venta de torres de telefonía a American Tower y sus activos de fibra óptica a Neutral Works y Even Telecom.
- Devolución de espectro: Telefónica devolvió frecuencias clave al Estado mexicano, eliminando sus costos de mantenimiento de red propia.
- Alianza estratégica: El eje de esta transformación fue el convenio de compartición de infraestructura firmado con AT&T México, que permite a Movistar operar sobre la red de su competidor hasta el año 2030.
- Simplificación digital: Recientemente, vendió sus centros de datos de Telefónica Tech a Hiberus.
A pesar de reportar una base sólida de más de 23.5 millones de clientes en 2025, la rentabilidad de la compañía ha estado bajo presión en un mercado fuertemente dominado por Telcel (América Móvil).
Implicaciones económicas y sectoriales
El litigio fiscal de Telefónica era observado con lupa por inversionistas internacionales. La decisión de la SCJN proporciona alivio financiero inmediato a la empresa, pero no detiene su estrategia de salida del mercado mexicano como operador de red. El reto ahora para Telefónica será utilizar este escenario legal favorable para cerrar la venta de su base de clientes y sus operaciones comerciales a un tercero interesado, consolidando así su salida definitiva de la gestión de redes celulares en México.
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