La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, de acuerdo con documentos oficiales y reportes difundidos en medios locales.
Según el citatorio FEIORPIF AMF-E-I-2020/2025, el presidente municipal fue requerido el pasado martes 18 de noviembre para comparecer en calidad de imputado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, dentro de la carpeta FED/FEMDO/FIEDMHDARV/BC/0000556/2025.
No obstante, no existen registros de que el alcalde haya salido de Tijuana para atender la cita ante el Ministerio Público.
El Ayuntamiento confirmó a EL UNIVERSAL que Burgueño Ruiz fue llamado por la FGR y que no acudió a la comparecencia programada.
Señalamientos por contratos y presuntos nexos criminales
La indagatoria federal se habría detonado por presuntos vínculos del alcalde con Fernando Rafael Salgado Chávez, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, señalado como enlace entre el CJNG y la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con los reportes, la acusación formal contra Burgueño Ruiz se sustentaría en la asignación directa de contratos millonarios del XXV Ayuntamiento de Tijuana a empresas relacionadas con estos personajes.
Diversos medios también documentaron que, durante el último año, el edil habría utilizado recursos municipales para actividades de promoción personal, en coordinación con Salgado Chávez, quien organizó diversos eventos en la ciudad.
La FGR mantiene abierta la investigación y se prevé que 24 funcionarios implicados sean llamados a comparecer en las próximas semanas. Además de Carlos Torres, Luis Torres y Armando Ayala.
Hasta ahora, Burgueño Ruiz no ha emitido declaración pública sobre el caso.
La influencia de Fernando Salgado Chávez en Baja California
El nombre de Fernando Rafael Salgado Chávez, empresario originario de Ensenada, cobró relevancia en la discusión pública estatal. Información publicada en medios regionales describe una red de influencias que, presuntamente, le ha permitido intervenir en la asignación de obras públicas en Tijuana, Rosarito y Ensenada.
Cabe recordar que Salgado Chávez reconoció que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, visitó en diversas ocasiones una mansión de su propiedad ubicada en San Diego, California. Lo anterior, luego de una polémica surgida en redes sociales de la mandataria al compartir imágenes de la celebración. del Día del Padre en 2024, donde usuarios señalaron similitudes entre fotografías de la residencia y las publicadas por la mandataria.
El empresario rechazó categóricamente los señalamientos que lo vinculan como presunto prestanombres de la gobernadora para la adquisición del inmueble. El semanario Zeta señaló la existencia de una estructura de funcionarios que operarían en beneficio de los intereses empresariales de Salgado Chávez.
Durante la administración del exalcalde Armando Ayala en Ensenada, Salgado Chávez también fue señalado por su presunta capacidad para influir en la aprobación de proyectos. Empresarios del sector construcción declararon que operaba como un filtro informal para decidir qué obras avanzaban y cuáles quedaban detenidas.
Con información de semanario Zeta, El Universal y Francisco Zea
RB
