La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua aseguró un inmueble propiedad del exgobernador Javier Corral Jurado como parte de una investigación relacionada con un presunto desvío de 98.6 millones de pesos.
El inmueble corresponde a un condominio conocido como “Cabaña El Rincón”, ubicado en una zona exclusiva de la Sierra Tarahumara, dentro de un área natural protegida y, de acuerdo con registros de la Dirección de Catastro del municipio de Ocampo, la propiedad se encuentra a nombre del exmandatario.
Operativo judicial en la región de Basaseachi
El aseguramiento ocurrió este viernes en el municipio de Ocampo, cabecera municipal de Basaseachi, y fue ejecutado por elementos de la Fiscalía Anticorrupción en cumplimiento de una resolución judicial emitida un día antes por un juez de control.
Según la autoridad, la cabaña se localiza en una zona montañosa de abundante vegetación y presenta un estilo rústico, acorde con el entorno natural de la región. El inmueble forma parte de la declaración patrimonial de Javier Corral, identificado como imputado dentro de la carpeta de investigación 3050/2024.
Investigación a Javier Corral por presunto daño patrimonial
La Fiscalía señaló que el aseguramiento deriva de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua y se enmarca dentro de las técnicas de investigación previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Se deriva de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua y constituye una técnica de investigación legalmente prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, indica el comunicado oficial. La autoridad precisó que la medida busca impedir la transmisión, enajenación o gravamen del inmueble mientras continúan las indagatorias.
El documento oficial añade que el caso incluye aseguramientos a otros imputados vinculados a la misma carpeta de investigación, incluso en otras entidades federativas como Morelos, en el municipio de Tepoztlán.
Con el inmueble bajo resguardo, el Ministerio Público Anticorrupción cuenta con facultades para realizar diligencias que permitan garantizar una eventual recuperación o resarcimiento del presunto daño patrimonial por 98.6 millones de pesos.
“La medida judicial tiene como finalidad evitar la simulación de actos de disposición o la transferencia del patrimonio investigado a terceros vinculados”, señaló la Fiscalía, al referir que las indagatorias abarcan el periodo del quinquenio 2016–2021.
RB
