El Senado decidió posponer hasta el periodo ordinario que inicia en febrero la discusión de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que incluyen la figura de los llamados jueces sin rostro.
La determinación surgió en la Comisión de Justicia, donde se retiró el dictamen del orden del día para continuar su revisión.
ES DE INTERÉS Ley de Economía Circular: ¿Cómo se va a promover el reciclaje en el país y cómo cambian las políticas públicas?
El presidente de esa comisión, Javier Corral, solicitó oficialmente el retiro del documento con el argumento de que se requiere un análisis más amplio. Explicó que el tema exige “un mejor desarrollo” para que la legislación secundaria sea compatible con observaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos.


Corral pide reglas más precisas y revisiones de fondo
Corral planteó que el Senado puede avanzar con reglas más definidas que respondan a los estándares internacionales.
Recordó que la figura de jueces sin rostro, así como la prisión preventiva oficiosa, ya están incorporadas en la Constitución, por lo que los ajustes deben realizarse en las leyes que desarrollan estos preceptos.
De acuerdo con el senador, una revisión más detallada permitirá atender preocupaciones relacionadas con el derecho de toda persona sometida a proceso a contar con un juez “imparcial, competente y con conocimiento”.
PAN y PRI respaldan el aplazamiento
La decisión encontró respaldo en los grupos parlamentarios del PAN y el PRI, cuyos representantes expresaron coincidencias respecto a la necesidad de revisar los alcances de la propuesta.

El panista Ricardo Anaya señaló que “darnos el espacio para poderlos discutir es algo que celebramos”, al destacar que existen aspectos que requieren una discusión más amplia.
El dictamen permanecerá en comisiones hasta que se reanuden los trabajos legislativos en febrero, cuando el Senado retomará el análisis de las reformas y los ajustes propuestos en torno a los mecanismos judiciales relacionados con delincuencia organizada.
RB
