La reciente postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posible implementación de un “fracking sustentable” ha generado una ola de reacciones entre organizaciones de la sociedad civil y colectivos ambientales. Aunque el gobierno federal plantea esta opción como un camino hacia la soberanía energética, diversas ONG han manifestado su escepticismo, señalando que la terminología podría ser contradictoria con los riesgos intrínsecos que conlleva el fracturamiento hidráulico para los ecosistemas y las comunidades locales.
Soberanía energética frente a riesgos ecológicos
El núcleo de la propuesta gubernamental reside en la necesidad de reducir la dependencia del gas natural importado, que actualmente representa cerca del 75% del consumo nacional. Durante sus recientes intervenciones, la mandataria explicó que se están evaluando nuevas tecnologías que prometen minimizar el impacto ambiental. Entre los puntos destacados por el Ejecutivo se encuentra la condición de no utilizar agua potable en los procesos de extracción, proponiendo en su lugar el uso de agua salada reciclada o químicos menos agresivos para evitar la contaminación de los mantos acuíferos.
A pesar de estas promesas tecnológicas, organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking han advertido que la técnica sigue siendo una amenaza por las emisiones de metano y la posible sismicidad inducida. Para los ambientalistas, el concepto de “vía verde” para el gas de lutita suena prometedor en el discurso, pero requiere una vigilancia científica rigurosa que garantice que no se repetirán los desastres ecológicos observados en otras latitudes. La preocupación principal es que el impulso a los hidrocarburos pueda retrasar la transición hacia fuentes de energía verdaderamente renovables.
El papel del comité científico en la decisión final
Para dirimir esta controversia, el gobierno de México ha convocado a un comité de expertos y técnicos que tendrá un plazo de aproximadamente dos meses para emitir un informe conclusivo. Este organismo será el encargado de determinar si existen realmente métodos que permitan la explotación de gas no convencional sin comprometer la salud pública ni el entorno natural. La presidenta Sheinbaum ha enfatizado que la decisión final dependerá de la viabilidad técnica; de no encontrarse una alternativa “limpia”, el proyecto podría no recibir luz verde.
El dilema pone a prueba el equilibrio entre el desarrollo industrial y los compromisos climáticos internacionales de México. Mientras el gobierno busca fortalecer la industria eléctrica y la producción de fertilizantes mediante el gas propio, las organizaciones civiles exigen que la protección del agua y la tierra prevalezca sobre cualquier interés económico o de autosuficiencia energética.
