Una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sitúa a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, como una pieza clave en una red de protección institucional para el Cártel de Sinaloa.
El documento judicial sostiene que el exfuncionario aprovechó su mando para beneficiar a la facción de “Los Chapitos”, mediante la entrega de información privilegiada sobre movimientos de las fuerzas estatales y federales.
El expediente detalla que Mérida Sánchez estuvo al frente de la seguridad estatal entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, bajo la gestión del gobernador Rubén Rocha Moya.
Durante este periodo, su presunta colaboración permitió que la organización criminal operara con libertad en puntos estratégicos como Culiacán y Mazatlán.
Sobornos mensuales a Mérida Sánchez
Las investigaciones de las autoridades de Estados Unidos indican que Gerardo Mérida Sánchez recibió pagos sistemáticos en efectivo que superaban los 100 mil dólares mensuales.
Estos recursos presuntamente garantizaban un esquema de protección para la producción y el tráfico de drogas sintéticas hacia el país vecino.
Uno de los puntos de la acusación refiere que el exsecretario alertó al grupo delictivo sobre, al menos, diez operativos dirigidos contra laboratorios de droga durante el año 2023. Gracias a estas filtraciones, el personal del cártel logró evacuar las instalaciones y retirar las sustancias ilícitas antes de la llegada de los efectivos, lo cual impidió decomisos y detenciones de relevancia en dichos eventos.
Consecuencias en la salud pública
El impacto de estas acciones facilitó la fabricación continua de metanfetamina y fentanilo, este último catalogado como un opioide de alta potencia responsable de una crisis de muertes por sobredosis en territorio estadounidense. La justicia de ese país vincula directamente la omisión y colaboración de funcionarios con la escala de este problema de salud.
Los contra Gerardo Mérida Sánchez incluye presuntos delitos de narcotráfico y uso de armas de fuego, en el marco de una investigación que busca desarticular los apoyos institucionales del crimen organizado en la región.
