El cantante de música regional mexicana Gerardo Ortiz se vio implicado en un caso judicial en Estados Unidos relacionado con el crimen organizado. Aunque logró evitar la prisión, su nombre quedó vinculado a una investigación federal por presuntas transacciones con una empresa ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ortiz, autor de éxitos como «Cara a la muerte», «La última sombra» o «Dámaso», ahora deberá cumplir las imposiciones legales que le fueron dictadas en Estados Unidos. Lo anterior, para evitar sumar otro problema con la justicia del país norteamericano… o en México.
Cronología de los hechos
Los hechos que derivaron en la sentencia se remontan a 2018, cuando Gerardo Ortiz ofreció conciertos en Estados Unidos contratados por la empresa Gallística Diamante. Esta firma, propiedad de Jesús Pérez Alvear, fue incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En 2023, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Ortiz por violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin. Esta legislación prohíbe a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con personas o entidades sancionadas por sus vínculos con el narcotráfico.
Durante el proceso judicial, el mexicano aceptó su responsabilidad y colaboró con las autoridades federales. Su testimonio fue utilizado en el caso contra su exmánager, José Ángel del Villar, quien supuestamente gestionó los contratos con Gallística Diamante. La jueza Maame Ewusi Frimpong consideró que la cooperación del cantante fue determinante para otorgarle una sentencia sin prisión, aunque bajo condiciones de supervisión legal.
Gerardo Ortiz contra la justicia
Este no es el primer caso que Gerardo Ortiz enfrenta con la ley. En México, hace nueve años, fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco tras la publicación del video musical de su canción “Fuiste mía”, el cual fue señalado por presunta apología del delito. El caso fue cerrado posteriormente por falta de elementos suficientes para proceder penalmente.
Cinco años antes, en 2011, el cantante fue víctima de un ataque armado en el estado de Colima, donde fallecieron su representante y su chofer. Pese a que las autoridades investigaron el incidente como un atentado, no derivaron cargos en su contra.
Al corte, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de su equipo legal o de representación artística respecto al impacto de esta resolución.
DG