A unos días de cumplirse un año del atentado que cobró la vida del exalcalde Carlos Manzo en el municipio de Uruapan, la actual presidenta municipal y exesposa, Grecia Quiroz, realizó un llamamiento público para llevar a cabo una jornada de protesta pacífica a nivel nacional. La movilización ha sido programada para el próximo 1 de noviembre para escuchar las demandas de diversos sectores afectados por la creciente inseguridad en el territorio mexicano.
La convocatoria surge en un contexto político y social complejo, marcado tanto por los pendientes judiciales en torno al homicidio del que también fue su esposo, como por las tensiones institucionales sobre el manejo de las indagatorias. De acuerdo con los organizadores, la protesta pretende trascender el ámbito local para visibilizar problemáticas estructurales que afectan cotidianamente a la ciudadanía.
Voces ciudadanas y exigencias contra la impunidad
Bajo la consigna de exigir un alto a la violencia y reclamar garantías de seguridad, la convocatoria pretende dar espacio a sectores históricamente vulnerados o ignorados por las autoridades. Entre ellos se encuentran colectivos de madres buscadoras, familias de personas desaparecidas, transportistas amenazados, comerciantes agobiados por la extorsión, periodistas, comunidades indígenas y diversos gremios productivos.
Los convocantes enfatizan que el propósito central es construir un frente común contra la impunidad que impera en múltiples regiones del país. La manifestación pretende erigirse como un espacio de expresión para miles de personas que han padecido los estragos de la delincuencia y que reclaman respuestas claras por parte de los tres niveles de gobierno.
Disputas judiciales y solicitudes de atracción federal
Mientras se afinan los detalles para la jornada de protesta, el caso legal sobre el atentado continúa generando fricciones entre los poderes estatales y federales. La alcaldesa ha insistido reiteradamente en que la Fiscalía General de la República asuma el control absoluto de las pesquisas, argumentando la necesidad de esclarecer a fondo la autoría intelectual y el financiamiento del crimen.
Paralelamente, la funcionaria enfrenta presiones locales vinculadas con diligencias ministeriales y solicitudes de entrega de dispositivos electrónicos de la víctima, un proceso que ha derivado en señalamientos cruzados sobre obstrucción de justicia. Pese a estas controversias institucionales, la prioridad inmediata de los simpatizantes sigue siendo la consolidación de la marcha nacional para mantener vigente la exigencia de justicia y paz en el estado de Michoacán.
El homicidio de Carlos Manzo se mantiene bajo estrecho seguimiento por parte de las autoridades federales, las cuales han reportado la detención de más de 30 personas presuntamente vinculadas con la logística y ejecución del crimen. Entre los capturados destacan perfiles señalados como autores intelectuales y operadores de grupos delictivos locales, así como exfuncionarios municipales acusados de filtrar información clave para facilitar el ataque.
Todo esto transcurre en medio de un clima de exigencia social donde diversos sectores civiles de la región buscan que la movilización nacional sirva como un parteaguas contra la impunidad.
FOTO: ARCHIVO/ PEDRO ANZA/CUARTOSCURO.COM
