La herida abierta de la crisis de desaparecidos en Morelos sumó un nuevo y doloroso capítulo, durante la cuarta semana de trabajos de exhumación en el panteón Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla, colectivos de familiares reportaron el hallazgo de entre 12 y 15 cuerpos, además de diversos restos óseos dispersos. La noticia ha estremecido a la opinión pública debido a que los indicios sugieren que entre las víctimas se encuentran mujeres y menores de edad.
Amalia Hernández Hernández, vocera del colectivo Tetelcingo y Jojutla, explicó que, aunque la presencia de infantes y mujeres es una sospecha fundamentada por la morfología de los hallazgos en el sitio, la confirmación oficial dependerá de los estudios genéticos y antropológicos que ya están en proceso de laboratorio.
Familias denuncian irregularidades
A pesar de la presencia de autoridades, las familias y activistas han denunciado una serie de omisiones técnicas que ponen en duda la cadena de custodia y el respeto a los restos humanos. Uno de los incidentes más graves reportados fue el hallazgo de un fragmento de vértebra lumbar en un área que el personal oficial ya había declarado como “procesada” y limpia.
Este error evidenció una falta de rigor en la limpieza de las fosas, sugiriendo que podrían haber quedado más restos en zonas supuestamente terminadas. Asimismo, los colectivos señalaron los siguientes puntos críticos:
- Falta de visibilidad: La instalación de vallas metálicas demasiado altas limitó la observación de las familias, contraviniendo el derecho a la participación conjunta.
- Mal manejo físico: Se documentó que personal en el sitio llegó a pisar áreas donde se encontraban restos humanos expuestos, una falta grave a los protocolos de criminalística.
- Opacidad técnica: Las familias exigen que se documenten con precisión la profundidad y las dimensiones exactas de cada excavación para evitar que los restos sean revueltos.
El cementerio institucional de la impunidad
Las fosas de Jojutla no son nuevas. Entre 2014 y 2016, la Fiscalía General del Estado de Morelos utilizó este espacio de manera sistemática para depositar cuerpos de personas no identificadas que se encontraban en los servicios forenses. Sin embargo, este esquema de “fosas comunes” ha sido calificado por las familias como una forma de desaparición institucional, debido a que los cuerpos fueron inhumados sin perfiles genéticos completos, sin ropa y, en muchos casos, apilados de forma indigna.
El caso que detonó esta búsqueda masiva fue el de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, sobrino de Amalia Hernández, cuyo cuerpo fue recuperado de una fosa similar a pesar de que su familia lo había identificado plenamente, lo que dejó al descubierto el desorden administrativo y la negligencia de la Fiscalía estatal.
El compromiso de la Fiscalía
En un intento por recuperar la confianza de las víctimas, el fiscal estatal Fernando Blumenkron acudió personalmente a la zona de trabajos. Su asistencia marcó un cambio de tono respecto a administraciones pasadas, comprometiéndose a entregar un plan integral de exhumación. Este documento es vital para que las familias conozcan el procedimiento completo y puedan auditar cada hallazgo de manera puntual.
Además, se ha confirmado la participación activa de la Fiscalía General de la República (FGR) en la toma de muestras de ADN. Esta colaboración federal busca fortalecer la confronta de perfiles genéticos a nivel nacional, aumentando las posibilidades de que las familias de otros estados puedan identificar a sus seres queridos en las tierras de Morelos.
La importancia de la identificación digna
Los colectivos insisten en que exhumar no es suficiente. El objetivo final es la identificación y el regreso a casa. Por ello, han exigido que se respeten los tiempos de laboratorio y que no se realicen entregas de restos sin la plena certeza científica.
La supervisión ciudadana se mantiene firme en el panteón Pedro Amaro. Las familias han dejado claro que no permitirán que se cierre la diligencia hasta que se tenga la seguridad de que no queda un solo resto óseo sin procesar. En un país con más de 115,000 personas desaparecidas, Jojutla representa la lucha por la verdad frente a la burocracia del olvido.
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