El panorama de los derechos humanos en México ha alcanzado un punto de inflexión internacional. Este domingo, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) calificó como una “oportunidad histórica” la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas de elevar la situación del país a la Asamblea General de la ONU.
Para las miles de familias que integran este colectivo, la intervención del máximo organismo internacional no es solo un trámite diplomático, sino una vía urgente para reforzar la cooperación y romper el estancamiento en las políticas públicas de búsqueda e identificación en este abril de 2026.
El llamado de la ONU para México
La determinación del CED no es fortuita; se fundamenta en un análisis exhaustivo de información recopilada desde 2012, enriquecida con aportaciones críticas presentadas en 2025 por el Estado mexicano, organizaciones de la sociedad civil y, principalmente, por las familias de las víctimas.
Este movimiento refleja una preocupación internacional profunda ante las limitaciones evidentes del Estado para prevenir, perseguir y sancionar el delito de desaparición. A pesar de contar con un marco normativo desarrollado, los indicadores actuales muestran que las acciones emprendidas han sido insuficientes para frenar la tragedia.
Las cifras de los desaparecidos
El informe del CED arroja datos que dimensionan la magnitud de la deuda histórica con las víctimas. Entre los puntos más críticos destacados por el movimiento se encuentran:
- Nuevas desapariciones: Se reportaron 28,880 personas desaparecidas tan solo en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 22 de abril de 2025.
- Fosas clandestinas: El hallazgo de más de 4,500 fosas con más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos evidencia la persistencia de la violencia territorial.
- Crisis forense: A inicios de 2026, México acumula cerca de 72,000 restos humanos sin identificar, lo que representa un cuello de botella crítico para el regreso de los desaparecidos a sus hogares.
Tensión entre el Estado y los Colectivos de Búsqueda
A pesar de la gravedad de las cifras, existe una brecha de interpretación entre las autoridades y las familias. El MNDM recordó que, el pasado 2 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) emitieron un comunicado rechazando que en México exista una “práctica sistemática y generalizada” de desaparición forzada constitutiva de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, para los más de 90 colectivos que conforman el movimiento, el debate técnico-jurídico no debe nublar la realidad: existen más de 130,000 personas desaparecidas en el país. Las familias denuncian que, tras un impulso inicial en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, las mesas de trabajo se han aplazado y el diálogo directo se ha enfriado, postergando soluciones concretas.
Hacia la Asamblea General de la ONU: Próximos pasos
El MNDM, que agrupa a organizaciones de 26 estados de México, Centroamérica y Estados Unidos, hizo un llamado enérgico al Gobierno Federal para:
- Mantener la apertura: No cerrar las puertas al escrutinio internacional y aceptar las recomendaciones que emanen de la Asamblea General.
- Retomar el diálogo: Reinstalar de inmediato las mesas de trabajo con las familias para diseñar estrategias de búsqueda efectivas.
- Voluntad política: Coordinar los tres órdenes de gobierno para que la búsqueda de personas sea una prioridad nacional y no solo una narrativa discursiva.
El objetivo, señalan las familias, sigue siendo el mismo: “encontrar, identificar y regresar a casa a todos”. La intervención de la ONU representa la esperanza de que la presión exterior logre lo que la política interna no ha podido: justicia y verdad para los desaparecidos en México.
ES DE INTERÉS: Situación de las personas buscadoras en México: Artículo 19 presenta balance de casos desde 2010
