La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) descartó la vulneración de infraestructura tecnológica crítica y la exposición de datos clasificados luego de los reportes sobre un hackeo contra diversas instituciones del Estado mexicano.
A través de un comunicado oficial, el organismo precisó que el incidente derivó de brechas en plataformas obsoletas gestionadas por proveedores privados para entidades federativas, y no de una penetración en los sistemas centrales del Gobierno Federal.
La controversia escaló tras las afirmaciones del grupo de cibercriminales conocido como Chronus, el cual aseguró haber obtenido y difundido más de 2.3 terabytes de información confidencial.
De acuerdo con datos proporcionados por el periodista especializado Ignacio Gómez Villaseñor, este ataque podría involucrar a 25 instituciones y comprometer registros de aproximadamente 36.5 millones de personas, cifra que equivale al 28% de la población nacional.
Alcance de la intrusión y dependencias afectadas
Dentro del universo de organismos señalados, el IMSS-Bienestar destaca como la entidad con la filtración más voluminosa. El grupo de atacantes reclama la posesión de 1.8 terabytes de archivos vinculados al padrón de protección social en salud, los cuales incluirían expedientes, ubicaciones y documentos digitalizados de los afiliados.
El rastro del hackeo también se extiende a:
- El Instituto Nacional de Perinatología (INPer), con el volcado de bases de datos operativas.
- Partidos políticos (Morena).
- Diversas universidades y administraciones locales.
Ante la detección de accesos no autorizados, la ATDT informó que los usuarios y contraseñas identificados en la amenaza fueron inhabilitados de manera inmediata para contener la exposición administrativa.
Protocolos de defensa y marco legal
Las autoridades enfatizaron que la respuesta ante la amenaza incluyó la activación de protocolos de seguridad por parte de equipos especializados. La ATDT recordó que, desde octubre de 2024, se han implementado medidas preventivas para mitigar el riesgo de ataques digitales, entre las que destacan la emisión de 204 alertas para evitar fugas y la capacitación de 613 servidores públicos en materia de seguridad informática.
Asimismo, el organismo destacó la vigencia de la Política General de Ciberseguridad y el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030 como ejes rectores de la protección de datos en el país. Al tratarse de una obtención ilícita de información, el Gobierno procederá con las denuncias formales ante las instancias correspondientes para perseguir a los responsables.
RB
