En un momento en que México debe consolidar una recuperación económica, la propuesta de Morena para generalizar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a todos los estados del país representa un retroceso preocupante.
Surgida de las conclusiones del Foro Nacional para el Fortalecimiento Hacendario de Estados y Municipios realizado en la Cámara de Diputados en recientes días, este intento pretende extender un gravamen que actualmente solo se cobra en 15 entidades federativas, con el argumento de generar entre 42 mil y 76 mil millones de pesos anuales adicionales para infraestructura y movilidad.
Sin embargo, como ciudadano y observador de las políticas fiscales, mi posición es firmemente en contra de esta medida, que ya se vislumbra. No solo es regresiva y punitiva, sino que ignora lecciones históricas y alternativas viables, priorizando la recaudación fácil sobre el bienestar de las familias mexicanas. A continuación, detallo argumentos sólidos respaldados por datos contundentes.
Primero, esta propuesta impondría una carga fiscal adicional en un contexto de inflación persistente y crecimiento del costo de los productos de la canasta básica que ya erosiona el poder adquisitivo de los hogares. En septiembre de 2025, la inflación subyacente en México se ubicó en 4.28% anual, superando el rango objetivo del Banco de México y afectando directamente el costo de vida.
Según datos del Banxico, la inflación acumulada de septiembre de 2024 a septiembre de 2025 rondó el 3.76%, lo que significa que los salarios reales han perdido terreno, con un impacto mayor en bienes esenciales como alimentos y transporte.
Revivir la tenencia, agravaría esta presión, especialmente para las clases medias y bajas que dependen de autos para el trabajo diario. En lugar de representar una medida de alivio fiscal, esta acción se traduciría en una carga adicional para millones de familias, como se ha señalado recientemente en diversos debates.
Segundo, el impuesto es inherentemente regresivo y podría exacerbar la desigualdad económica en un país donde el coeficiente de Gini ya refleja brechas significativas. En 2024, el Gini de México se situó en 0.391, el nivel más bajo histórico según el INEGI, pero aún indica una distribución desigual del ingreso donde el 1% más rico concentra el 35% del ingreso nacional, mientras que el 10% más pobre accede sólo al 2%.
Un gravamen basado en el valor del vehículo afectaría desproporcionadamente a propietarios de autos modestos, que no pueden optar por subsidios para vehículos ecológicos o de bajo ingreso. Históricamente, cuando la tenencia federal se eliminó en 2012, se buscaba precisamente reducir esta carga inequitativa, y su generalización ahora revertiría avances en equidad fiscal.
Tercero, revivir la tenencia pondría en riesgo el crecimiento de la industria automotriz, un pilar de la economía mexicana que genera empleo y exportaciones. La eliminación del impuesto federal en 2012 impulsó las ventas de vehículos, con un crecimiento potencial del mercado interno que evitó distorsiones y fomentó la inversión, como advirtieron líderes de la AMDA en su momento. Imponer un nuevo gravamen podría reducir las ventas de autos nuevos y usados.
Cuarto, la medida es innecesaria porque existen alternativas más eficientes para fortalecer las finanzas locales sin gravar directamente a los ciudadanos. En lugar de extender la tenencia a los 17 estados que no la cobran actualmente, se podría optimizar el impuesto predial, cuyo potencial recaudatorio adicional se estima en hasta 59 mil millones de pesos anuales si se alcanza el promedio latinoamericano del 0.38% del PIB (contra el actual 0.2% en México). Modernizar el catastro nacional, como se propone en el mismo foro, sería un paso lógico sin crear nuevos impuestos.
Conclusión, generalizar la tenencia vehicular no es una solución innovadora, sino un regreso a políticas obsoletas que priorizan la recaudación sobre el crecimiento inclusivo. México necesita reformas fiscales progresivas que fomenten la inversión y protejan el bolsillo de sus ciudadanos, no cargas adicionales que frenen la movilidad económica. La historia nos enseña que eliminar la tenencia en 2012 fue un acierto; revivirla en 2025 sería un error garrafal.