De acuerdo con los estatutos del Instituto Nacional Electoral (INE), “Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido”.
Bajo ese entendido, por tercera ocasión consecutiva, el Consejo General del organismo bloqueó el proyecto que buscaba emitir reglas estrictas para auditar las actividades de promoción conocidas popularmente como “pre-precampañas”. La decisión, respaldada por una mayoría de siete votos frente a cuatro, frena de momento la instrumentación de un marco de supervisión para las dinámicas internas con las que las fuerzas políticas perfilan a sus liderazgos rumbo a los comicios de 2027.
Siete integrantes del órgano colegiado, encabezados por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, rechazaron la propuesta de acuerdo promovida por los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz. La postura mayoritaria argumentó que la iniciativa carecía de la sustentación técnica debida y de una concertación previa que incluyera a la totalidad de las consejerías y a las representaciones partidistas, advirtiendo que la falta de consenso ponía en riesgo el espíritu de colegialidad del organismo electoral.
Argumentos y rechazos para su regulación y escenario incierto para el 2027
Durante la sesión, las consejerías impulsoras del dictamen manifestaron que la falta de normatividad deja un vacío perjudicial para la equidad de la contienda. El consejero Arturo Castillo subrayó que, aunque el proceso electoral 2026-2027 ya arrancó de forma oficial, en los hechos operan desplazamientos territoriales, mítines masivos, levantamiento de encuestas, difusión en plataformas digitales y despliegue publicitario. Todos estos elementos conllevan uso de recursos económicos y representan actos susceptibles de fiscalización inmediata que el órgano electoral debería vigilar con rigor.
En contraste, Taddei defendió la decisión de postergar la regulación al señalar que el descarte del proyecto actual no significa renunciar a las facultades de auditoría de la autoridad electoral, sino exigir una fundamentación jurídica más sólida. Asimismo, hizo un llamado a mantener la disputa institucional dentro del ámbito del debate técnico, evitando descalificaciones públicas que puedan restar credibilidad o restar certidumbre al sistema de organización de los comicios.
El nuevo freno deja en el aire la instauración de mecanismos específicos para monitorear los egresos en los procesos previos a las precampañas formales. A pesar de que la ley electoral contempla fechas acotadas para la contienda de proselitismo, los partidos han mantenido el nombramiento de coordinaciones de estructura que generan posicionamientos públicos antes del tiempo reglamentario.
Con este veredicto, el arbitraje de los recursos políticos invertidos en la fase preliminar continúa bajo esquemas de revisión convencionales. Mientras las bancadas defensoras sostienen que se continuará el análisis analítico para construir una vía alternativa de fiscalización, el escenario actual mantiene la tensión respecto a los parámetros de fiscalización aplicables durante las etapas previas al inicio oficial de estas.
