En un movimiento que busca sacudir los cimientos del sistema tributario nacional, el diputado José Luis Sánchez González, integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT), presentó formalmente una iniciativa de ley para establecer un impuesto sobre las grandes fortunas en México. La propuesta, inscrita en la Gaceta Parlamentaria este martes, plantea que aquellas personas físicas cuyo patrimonio neto supere los 100 millones de pesos aporten una tasa anual progresiva en favor de la redistribución social.
El legislador argumenta que el actual sistema fiscal castiga desproporcionadamente el consumo y los ingresos laborales, mientras permite que la riqueza acumulada y las rentas del capital tributen de manera mínima. Esta iniciativa busca reformar los artículos 142 y 146 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) para gravar la acumulación de riqueza en manos de residentes en México y extranjeros con establecimientos permanentes en el país.
¿Cómo se calcularía el impuesto al patrimonio?
La iniciativa define con claridad qué debe entenderse por patrimonio neto: se trata de la suma total de los activos propiedad del contribuyente, restando sus deudas y pasivos exigibles. Entre los bienes sujetos a este cálculo se encuentran:
- Bienes raíces y transporte: Inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves.
- Activos financieros: Acciones, participaciones en sociedades, depósitos bancarios e inversiones.
- Bienes de lujo: Obras de arte, joyas, derechos, títulos y cualquier otro tipo de valores.
Tasas impositivas propuestas
La propuesta de Sánchez González establece un esquema de tres niveles dependiendo del valor de la fortuna acumulada:
- 1.5% anual: Para fortunas de entre 100 y 500 millones de pesos.
- 2.5% anual: Para patrimonios de entre 500 y mil millones de pesos.
- 3.5% anual: Para capitales que superen los mil millones de pesos.
El “Fondo de Justicia Social”: El destino de lo recaudado
Uno de los puntos clave de la iniciativa es que los recursos obtenidos no entrarían a la bolsa general del presupuesto, sino que se destinarían íntegramente a la creación del Fondo de Justicia Social. Este fondo tendría como objetivos prioritarios la reducción de la pobreza, la atención a grupos vulnerables, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la educación en todos sus niveles (desde inicial hasta superior).
Además, se busca que este capital impulse el desarrollo de la ciencia, la tecnología y garantice el acceso a una vivienda digna. El legislador estima que solo el 0.1% de la población mexicana estaría sujeta a este gravamen, pero la recaudación potencial sería de entre 40 mil y 60 mil millones de pesos anuales.
Combate a la desigualdad y sanciones por incumplimiento
En su exposición de motivos, el diputado Sánchez González presentó datos alarmantes sobre la brecha económica en el país. Citando mediciones internacionales, señaló que apenas el 1% de la población concentra el 30% de la riqueza nacional. “Las 10 personas más ricas de México acumulan la misma riqueza que el 50 por ciento más pobre del país”, subrayó.
Para asegurar el cumplimiento de esta nueva normativa, la iniciativa propone sanciones severas. Quienes incumplan con el pago de esta contribución enfrentarían una multa equivalente al doble del monto no realizado, además de las responsabilidades penales que correspondan según el Código Penal de la Federación.
Finalmente, el legislador del PT reconoció que, aunque se han eliminado vicios como la condonación de impuestos en años recientes, aún persisten estructuras de desigualdad “enquistadas” en el sistema tributario. Con esta “garantía para la redistribución de la riqueza”, se busca un compromiso solidario de quienes más tienen para cerrar las brechas sociales y transitar hacia una economía sostenible y justa.
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