Las pensiones doradas son esquemas de retiro asignados a exfuncionarios de alto nivel y personal de mando en la administración pública cuya percepción mensual supera significativamente los límites promedio de la seguridad social en México.
Representan una categoría de prestaciones extraordinarias financiada con recursos del erario federal fuera del principio de equidad en la distribución del gasto público.
¿Cómo funcionan las ‘pensiones doradas’?
A diferencia de los regímenes ordinarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), estos esquemas no responden a las cotizaciones ni a las UMAS (Unidades de Medida y Actualización) recientemente aplicadas al resto de los trabajadores.
Sus características constitutivas incluyen:
- Cálculo del retiro sobre el 100% del último ingreso percibido en activo, incorporando bonos y compensaciones extraordinarias.
- Mantenimiento de seguros privados de gastos médicos mayores, seguro de vida, asignación de vehículos, choferes y viáticos de representación.
- Incremento automático de la pensión conforme aumentan los tabuladores de los puestos equivalentes en activo.
Antecedentes y registro histórico
El registro de estos beneficios privilegiados se consolidó a partir de la segunda mitad del siglo XX, intensificándose durante los procesos de descentralización de la banca de desarrollo y la reorganización de organismos descentralizados entre 1980 y 1990.
Durante dicho periodo, los órganos de gobierno de diversas entidades estatales aprobaron reglamentos internos de trabajo que permitieron otorgar jubilaciones especiales a su personal directivo, en diversos casos, solo fue necesario acumular periodos de gestión sumamente breves, menores a un año, para asegurar pagos vitalicios equivalentes a la totalidad del sueldo percibido.
Distribución institucional y escalas financieras
Las asignaciones bajo este concepto han registrado montos que van desde los 400 mil hasta 1.5 millones de pesos mensuales por beneficiario.
Las instituciones que concentran el mayor número de estos registros son:
- Banca de Desarrollo (Banobras, Bancomext, Nafin): Contratos y reglamentos internos con montos que superan de forma individual el tope salarial del Ejecutivo Federal.
- Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE): Regímenes de excepción y estatutos de personal de confianza fuera del Contrato Colectivo de Trabajo ordinario.
- Poder Judicial de la Federación: Haberes de retiro y fondos complementarios asignados a mandos superiores y exministros.
- Organismos extintos o en liquidación: Casos residuales provenientes de entidades como Luz y Fuerza del Centro.
¿En qué consiste la reforma para fijar un tope constitucional?
El artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la directriz de que ningún servidor público puede percibir una remuneración superior a la del titular del Ejecutivo Federal, que actualmente es de 191 pesos mensuales antes de deducciones. Sin embargo, mediante la interposición de amparos y la alegación de “derechos adquiridos”, estos cobros se mantuvieron vigentes durante años.
Para consolidar su regulación, el marco normativo se ha enfocado en establecer límites explícitos:
- Tope absoluto: Ninguna pensión de mandos o personal de confianza del sector público podrá ser superior al ingreso neto asignado a la Presidencia de la República.
- Delimitación de alcance: La medida se orienta exclusivamente al personal directivo y de confianza, preservando los derechos contractuales de los trabajadores de base, sindicalizados y las Fuerzas Armadas.
Postura institucional y destino de los recursos
La postura del Ejecutivo Federal encabeza la premisa de erradicar los privilegios presupuestales en la burocracia de alto nivel, sosteniendo que las finanzas públicas deben regirse bajo principios de austeridad y equidad distributiva.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, determinó que la aplicación rigurosa del tope constitucional en los casos citados de nóminas de jubilados con pensiones doradas permitirá el ahorro y reorientación de una bolsa estimada en más de 5 mil millones de pesos anuales, mismos que se transferirán de manera directa al financiamiento de los diversos programas sociales de la federación.
